El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado sin efecto el desahucio de una mujer, ya ejecutado, al considerar que el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander no intentó notificarle adecuadamente la demanda que existía contra ella y vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
La Audiencia de Granada ha paralizado el desahucio de una vivienda de Churriana de la Vega, un auto que se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que da prioridad a la protección del menor frente a otros derechos, y que prima la salud y condiciones de vida de los dos niños de la familia afectada.
Un resquicio de esperanza se ha abierto para los cerca de 60.000 familias que anualmente pierden su vivienda según datos del CGPJ. A raíz de un tratado firmado por nuestro país, el Comité DESC de la ONU desde el 2013 puede pedir una suspensión temporal del desalojo y frenar el desahucio.