El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que si la reforma aprobada por el Parlamento catalán para agilizar el proceso de independencia y «desconexión» del Estado incumple alguna ley, el Gobierno procederá a su «impugnación».
«Si estimamos que la decisión incumple la normativa estatal o autonómica procederíamos a su impugnación», ha dicho el ministro en la rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial de Justicia.
Sin embargo, Catalá ha precisado que lo primero es «estudiarlo» por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado pero que, en cualquier caso, «la obligación de todos los gobiernos es que se cumpla las leyes en España porque nadie esta por encima de la ley».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la citada reforma, que pretende acotar los plazos de debate y tramitación de propuestas legislativas con las que los partidos independentistas catalanes quieren impulsar una separación rápida de España.
El ministro de Justicia también ha insistido en la «responsabilidad tan relevante que tiene el poder legislativo» de aprobar leyes, la cual «parece que debería estar acompañada de un procedimiento de debate y análisis».
Por eso, para Catalá, «suprimir todas esas formalidades para hacer trámites exprés no parece muy concorde con la labor de un Parlamento«.
«Algunos que solicitan el diálogo para algunas cosas parece que no lo quieren sino que buscan fórmulas exprés donde se imponen las mayorías a las minorías de manera inmediata», ha dicho el ministro en rueda de prensa tras participar en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada con los consejeros del ramo de las comunidades autonómicas.
Denuncia del Gobierno de la Generalitat a la Guardia Civil
En relación a la posibilidad de que el Gobierno de la Generalitat se plantee denunciar a la Guardia Civil o al juez que ha ordenado los interrogatorios a altos cargos del Govern por el referéndum -entre ellos al secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana- el ministro ha dicho que se encuadra dentro de las «reglas del Estado de derecho«.
Y ha recordado que «si consideran que se ha violentado algún derecho» pueden ponerlo en conocimiento de un tribunal y que éste decida. (CONFILEGAL/EP)
