En una de las Conferencias Sectoriales de mayor duración que se recuerdan, el Ministerio de Justicia ha logrado consensuar la creación de 89 nuevas unidades judiciales que se distribuirán por todo el territorio nacional. Sin embargo, pese a los intentos del ministro, Rafael Catalá, de avanzar en la búsqueda de un sistema de gestión procesal único para todo el país, este asunto quedó pospuesto al menos para septiembre.
Sobre este último asunto existen dos planteamientos: el del Ministerio que busca ese sistema único y el de las Comunidades Autónomas (CCAA) que intentan ver la interoperabilidad de los existentes antes de decantarse por alguno.
A esta reunión asistieron diferentes representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, así como de las 12 Comunidades que tienen transferida la competencia en Justicia como son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
En su comparecencia ante los periodistas al final de esta maratoniana jornada, Catalá recordó el esfuerzo presupuestario que hará el Ministerio a partir del 2017 y que estos 89 nuevos órganos judiciales se corresponderán con 3 plazas de magistrado en órganos colegiados y 86 juzgados, en lo que supone el mayor esfuerzo de creación de unidades judiciales desde el año 2014.
“Al final estamos hablando de 105 nuevas plazas. Esperamos que el próximo mes de septiembre el Consejo de Ministros apruebe el pertinente Real Decreto para la creación de dichas unidades judiciales”.
Se trata sobre todo de tener los recursos necesarios para tener una justicia “ágil, eficaz y al servicio del ciudadano, ha explicado el ministro, en el que se debe seguir avanzando”.
Catalá indicó que para la creación de estas nuevas plazas se han tenido en cuenta los datos recogidos en las memorias de los Tribunales Superiores de Justicia, las solicitudes de diferentes colegios profesionales, los datos objetivos planteados por los índices de litigiosidad de cada territorio, así como las propuestas de las Comunidades Autónomas.
“De esta forma se han creado 58 juzgados de primera instancia, 11 de primera instancia e instrucción, 6 de lo mercantil, 4 de lo social, 4 de lo penal, 2 de lo contencioso-administrativo y 1 de vigilancia penitenciaria”.
Sobre la distribución, Andalucía tendrá 17 nuevas unidades judiciales, Asturias, 1; al igual que Cantabria y Navarra.
Dos nuevos juzgados habrá en Aragón, Extremadura, Islas Baleares y País Vasco. Tres en Murcia y cuatro en Castilla León, Galicia.
El reparto de unidades judiciales se completa con otras cinco en Canarias; Castilla-La Mancha. Doce nuevos juzgados en Madrid y catorce en Comunidad Valenciana y Cataluña. Por último en Andalucía se ubicarán a medio plazo diecisiete nuevos juzgados.
A pregunta de este periodista, el ministro Catalá indicó que aún era pronto para hacer una evaluación de la trayectoria de los 54 juzgados sobre cláusulas suelo, en aquel plan que fue diseñado e impulsado por el CGPJ y que luego apoyó el Ministerio.
“Estamos viendo un desarrollo desigual en el comportamiento de los juzgados. Hacemos un seguimiento casi diario de lo que está pasando y será en septiembre cuando veremos que decisión tomamos en cuanto al futuro de estos juzgados y su posible refuerzo si fuera necesario”.
Pendiente de un sistema de gestión procesal común
El otro gran tema de esta Conferencia Sectorial fue la necesidad de avanzar en la creación de un sistema de gestión procesal común en el seno de la Administración de Justicia que sustituya a los 9 sistemas procesales existentes en la actualidad. Esto dificulta la comunicación entre todos ellos y es muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones.
Para llevar a cabo este proyecto y seguir apostando por la transformación digital de la Justicia que la sociedad demanda, el Ministerio ha propuesto la distribución de un crédito de 6 millones de euros entre las diferentes comunidades autónomas.
Sin embargo, por lo que CONFILEGAL ha podido saber pese a los esfuerzos del ministro Catalá de acercar posturas en este tema, la cuestión sigue estando pendiente. Comunidades Autónomas como País Vasco, Navarra o Catalunya que tienen sus sistemas propios prefieren mantener los mismos frente a la postura del Ministerio.
Para el consejero de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, único representante de las Comunidades Autónomas invitadas a esta reunión que mantuvo un encuentro informativo con los periodistas.
“No es un tema fácil encontrar un acuerdo. Llevo desde el 2009 asistiendo a estas reuniones y hemos hablado mucho del tema. Hasta ahora no hemos conseguido la interoperabilidad, esto es que todos los ordenadores del país se conecten entre sí a nivel judicial”, explicó.
Pese a ello, “quiero destacar la apuesta valiente del ministro Catalá por este tema y que ha dejado claro que tenemos que abordar este asunto y cuanto antes. Si tecnológicamente es posible en otros niveles de la Administración, debemos de conseguirlo en la administración judicial. Llegar a un sistema único supondría ver la forma de combinar los sistemas que ya existen en muchas Comunidades Autónomas. No es fácil pero debe ser un objetivo irrenunciable donde la voluntad política de hacerlo hay que tenerla muy en cuenta”.
