Los abogados que representan a la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, han denunciado en Italia la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género española por entender que «vulnera sus derechos» y que está siendo utilizada por el entorno de esta madre de Maracena (Granada) para «justificar la comisión de otros delitos, como el secuestro», así como para «desobedecer» a la Justicia.
Arcuri se trasladó la semana pasada con sus dos hijos, de 11 y 3 años, a Italia después de que Juana Rivas acatara la orden judicial que le obligaba a entregárselos tras permanecer casi un mes ilocalizable con ellos, motivo por el que está siendo investigada por los supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde fue citada a declarar este pasado martes.
El abogado de Arcuri, José Luis Sariego, ha señalado este miércoles en un comunicado que su cliente es «como ciudadano de la Unión Europea y conforme a la legislación europea, un hombre inocente» y considera «intolerable que se diga que en Italia no se protege a las personas maltratadas en el ámbito familiar».
Ha avanzado que ya se ha presentado en Italia una demanda solicitando «una indemnización millonaria» contra periodistas y políticos que, según afirma, «han difamado» a Arcuri en redes sociales y medios de comunicación.
«Entre ellas, deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que, en Italia, no poseen la especial protección que poseen en España», agrega el comunicado.
El equipo jurídico de Arcuri también ha pedido auxilio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea, a través de varios europarlamentarios italianos, ante lo que considera una «inadmisible intromisión en la vida privada de un ciudadano italiano».
En la misma demanda, han denunciado la ley de violencia de género española «por vulnerar sus derechos y las de todos los hombres que vivan en España, entre los que se encuentran varios ciudadanos italianos».
Para Sariego, «la discriminación que sufren los hombres en España es intolerable, ya que basta que una mujer diga soy maltratada para que los derechos humanos que posee todo ciudadano europeo que viva en España, desaparezcan».
De hecho, mantiene que «los derechos de los niños reconocidos en los tratados internacionales desaparecen en España en cuanto una mujer dice» que es maltratada y opina que esta normativa, que a su juicio ha sido un «fracaso social y político», está siendo utilizada por el entorno de Juana Rivas para «justificar la comisión de otros delitos, como el secuestro y maltrato a unos niños, así como para desobedecer a la Justicia».
La defensa de Arcuri agrega en el comunicado que en los niños que «han sufrido un secuestro físico y emocional» como el que a su entender han sufrido los de hijos de Juana Rivas «es recomendable cortar todo contacto con aquellas personas que los tuvieron secuestrados».
El abogado de Juana Rivas, Juan de Dios Ramírez, anunció el martes al término de su declaración ante el juez que la madre no ha podido comunicarse desde el pasado jueves con los menores y se ha solicitado por ello un procedimiento de «inaudita parte» a fin de que se pueda establecer una comunicación «inmediata» y con carácter de urgencia por videoconferencia, después de que se haya levantado acta notarial de «los intentos de llamadas» y de comunicación a través de whatsapp. EP.
