La Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una denuncia contra la Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, porque considera abusivo el destino forzoso a Cataluña de agentes destinados a otras comunidades, ya que no se compensa el gasto económico que les supone ese cambio de destino.
Esta decisión se acordó mediante una resolución del pasado 6 de septiembre del Jefe del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil en forma de «comisión de servicios forzosa no indemnizable», explica la asociación en una nota, que considera la decisión «perjudicial para los intereses de los guardias civiles y contraria a derecho».
Ese día, la Dirección General dio orden para que unos 240 agentes del cuerpo permanezcan un mes en Cataluña, a pesar de que hoy tenían que incorporarse a nuevos destinos en otros territorios del país. Una decisión que según la Asociación Unificada de Guardias Civiles responde al 1-O.
Por eso, la AUGC ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución, en el que pide que se anule y que se condene a la Dirección General a pagar los costes y perjuicios «sufridos por todos los agentes de la guardia civil afectados por esta resolución discriminatoria y abusiva, así como al abono de las costas procesales».
«Están utilizando a los guardias civiles como mano de obra barata y sin derechos. Han pretendido, llegando al colmo del racaneo, que los guardias civiles trabajen a coste cero para la administración y realizando un desembolso adicional por parte del Guardia Civil al carecer de alojamiento en Cataluña, sólo les ha faltado pedir que sean ellos los que paguen por trabajar», afirma.
Estas comisiones de servicios están ocasionando, afirma la AUGC, «un quebranto económico a mas de 200 familias que este mes de septiembre, además de tener que hacer frente a los gastos de la vuelta al colegio, tendrán que afrontar un doble gasto de vivienda».
Esto es porque, asegura, los agentes afectados carecen ya de pabellón o vivienda alquilada en Cataluña.
Añade que, «si en el ministerio consideran que la situación catalana requiere de la presencia de estos compañeros», pide que Interior convoque una comisión voluntaria e indemnizable y anulen la del día 6.
