Los forenses han cerrado la primera gran fase de su trabajo tras el accidente ferroviario de Urda. La segunda, ponerle nombre a cada víctima, sigue abierta.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha practicado las autopsias de las 69 personas fallecidas en el siniestro, una cifra que todavía tiene carácter provisional. De ellas, 36 han sido identificadas y las familias de 27 ya han recibido la comunicación oficial, según el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la tragedia.
A partir de ahora, el ritmo del operativo lo marcan las identificaciones y su notificación a los allegados. Todas las confirmadas hasta el momento se han obtenido mediante huellas dactilares, tarea que corresponde al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Las 27 notificaciones realizadas afectan a 18 hombres y nueve mujeres. Quedan otras nueve familias por informar, algo que el CID asegura que se hará «con la mayor celeridad posible».
Primero, la familia
El protocolo establece un orden que no admite excepciones: la noticia debe llegar a los allegados antes de que la identificación se sume al cómputo público.
La comunicación ha de ser personal, presencial y fehaciente. Solo después, «y no antes», subraya el CID, se actualiza la estadística oficial. Esa secuencia explica el desfase entre las 36 identificaciones y las 27 familias ya informadas.
Los equipos trabajan sin interrupción desde el miércoles. Con las autopsias terminadas, restan por establecer las identidades de 33 fallecidos.
Para ello, el dispositivo combina las huellas con pruebas genéticas. Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología analizan las muestras de ADN post mortem, mientras la Guardia Civil procesa las aportadas por los familiares que han denunciado desapariciones.
Cinco desaparecidos, localizados con vida
Las comandancias de la Guardia Civil han registrado 72 denuncias por desaparición vinculadas al accidente.
Cinco de esas personas han aparecido con vida, de modo que siguen activas 67. De las tres últimas localizaciones, dos se produjeron en hospitales; la tercera correspondía a alguien que, finalmente, no llegó a subir al tren.
Conviene no confundir conceptos: las denuncias que permanecen abiertas no equivalen a un número adicional de víctimas mortales.
Por territorios, Toledo acumula 38 denuncias; Madrid, 24; Sevilla, ocho, y Ciudad Real y Logroño, una cada una. Entre las 67 activas figuran 14 relativas a ciudadanos de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.
Más de 60 profesionales en Toledo
El trabajo de autopsia e identificación moviliza en Toledo a más de 60 profesionales. Entre ellos, médicos forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, y dos asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Completan el equipo seis técnicos de autopsia llegados de Toledo, Albacete y Guadalajara, y 27 agentes de Criminalística y Policía Judicial de la Guardia Civil.
Cuatro psicólogas de los institutos de medicina legal atienden a las familias. La Unidad Militar de Emergencias, por su parte, presta apoyo logístico en la gestión de los cuerpos y en las actuaciones médico-forenses.
Cerrada la fase de autopsias, el operativo afronta dos tareas que no admiten prisa mal entendida: completar las identificaciones y comunicar en persona a cada familia el resultado. Los datos oficiales los centraliza el CID, que los difunde a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
