El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que interpuso la defensa del portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi contra la decisión de la Audiencia Nacional de extender la inhabilitación a la que fue condenado – que conlleva prohibición de presentarse a unas elecciones o ocupar un cargo público- hasta el 28 de febrero de 2021.
Para el Supremo la resolución de licenciamiento definitivo no aparece entre las resoluciones contra las que puede presentarse un recurso de casación de acuerdo con el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que se trata de un acto de determinación de fecha automática al referirse a una condena firme en ejecución y de señalamiento de una fecha de cumplimiento.
En este sentido, recuerda que excepcionalmente se ha admitido un recurso cuando su contenido requiere una resolución que no deriva del mero automatismo como ocurre con una acumulación de penas, un abono de prisiones preventivas o de tiempos de privación de libertad en otras causas o en el extranjero.
En su escrito, el Supremo subraya que el recurrente pretendía una nueva liquidación, sin aportar ningún hecho nuevo. “Propone un replanteamiento de una decisión firme para habilitar un nuevo recurso que no era procedente”, subrayan los magistrados. Por todo ello, y de acuerdo con su jurisprudencia, concluyen que el auto no es recurrible “pues se trata de una resolución que ya era consentida, y, por lo tanto, firme”.
La Audiencia Nacional ya lo rechazó
La Audiencia Nacional rechazó la pretensión de la defensa de Otegi de revocar la fecha de inhabilitación por entender que la sentencia del caso Bateragune -por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna- por la que había sido condenado no especificaba qué cargos podría o no podía ejercer como inhabilitado.
El abogado de Otegi, Iñigo Iruin, sustenta su recurso en que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo impuesta por la Audiencia Nacional es una pena accesoria y no principal y se extingue con el final de la pena de cárcel.
Otegi abandonó la prisión el 1 de marzo de 2016 , por lo que a su juicio ya no debería estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. El alto tribunal ha rechazado estos argumentos y ha confirmado que no será hasta 2021 cuando concluye su inhabilitación. (CONFILEGAL/EP)
