El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este miércoles a las fiscalías de Cataluña que se investiguen las campañas de odio, las amenazas y las coacciones dirigidas a los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum ilegal de autodeterminación.
En su resolución, de 3 páginas, Maza solicita a los fiscales catalanes que promuevan «con eficacia y celeridad» la acción penal contra los autores de estas conductas «procediendo ante cualquier ‘notitia criminis'», sea por denuncia de los ofendidos, «sea por cualesquiera otras vías», entre las que cita las noticias sobre estas conductas en medios de comunicación.
Añade que a tal efecto los fiscales podrán solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Mossos d’Escuadra, Guardia Civil o Policía Nacional- a fin de que elaboren los correspondientes atestados en los que se indiquen los lugares en los que se están produciendo estos hechos, así como su posible autoría. Faculta igualmente a las autoridades fiscales y policiales a proceder a la retirada de los carteles y paquines intimidatorios.
PROHIBICIÓN «NOTORIA» DE LA ORGANIZACIÓN DEL REFERÉNDUM
Al igual que ha hecho en oficios similares dictados en los últimos días, Maza recuerda en este documento la «notoriedad» de la prohibición de los actos de organización del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre, que hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos» los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, este último penado con hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Añade que las normas sobre las que pretende celebrarse la consulta han sido expresamente suspendidas por el Tribunal Constitucional y ello implica que las mismas «no pueden surtir efecto alguno», de manera que no se puede realizar ninguna actuación «tendente directa o indirectamente a su ejecución, ni existe obligación alguna para su cumplimiento».
«Ningún ciudadano puede sufrir efecto negativo alguno por el estricto cumplimiento de la ley», añade el oficio, que a continuación alude a las noticias aparecidas en los últimos días sobre campañas encaminadas a «señalar» a determinados responsables municipales, funcionarios y particulares por su negativa a incumplir la ley.
«SUPUESTO DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN»
Estas campañas, a juicio del fiscal general, pueden tener relevancia desde el punto de vista penal «en cuanto se estaría promoviendo la hostilidad hacia determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizándolos directamente ante los ciudadanos de impedir un supuesto ejercicio del derecho a la autodeterminación».
Todas estas conductas, concluye el fiscal general, «suponen un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña y una grave perturbación de derechos, no sólo de las personas directamente destinatarias de las amenazas, sino de la población en su conjunto, en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y defensores del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional». (EP)
