Las resoluciones dictadas por los tribunales miltares son ya de acceso público directo a través de Internet. En concreto, a través del Fondo Documental de Centro Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, que ya incluye 3.843 autos y sentencias del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales.
Cualquier ciudadano puede acceder a las resoluciones de los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, ello a través de un PC, un portátil, una tableta o un teléfono móvil inteligente.
Para acceder a estos autos y sentencias, basta con seleccionar “Militar” en el apartado de Jurisdicción y “Tribunal Militar Central” o “Tribunal Militar Territorial” –o ambos simultáneamente- en el de Tipo de órgano.
Las resoluciones de la jurisdicción militar que ya figuran en el Fondo Documental son 3.762 sentencias, 77 autos y 4 autos aclaratorios dictados desde 2003. De ellas, 1.272 corresponden al Tribunal Militar Central y las otras 2.571 a alguno de los cinco Tribunales Militares Territoriales con sede en Madrid, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife.
Sin datos personales
Sin embargo, no es posible acceder a las resoluciones tecleando el nombre y los apellidos de los protagonistas ya que el CENDOJ somete a todas las sentencias y autos a un proceso de anonimización, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
El tratamiento de los datos que realiza el Tribunal Constitucional, por el contrario, es opuesto al del Tribunal Supremo. El máximo tribunal de garantías de España sí publica esos mismos datos personales -con algunas excepciones-.
Está en línea con el que llevan a cabo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con base en Luxemburgo, y el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, aunque tiene algunas excepciones.
La incorporación de estas resoluciones al Fondo Documental es fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de julio por el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio de Defensa.
Entre los objetivos establecidos figura dar la máxima difusión a la actividad de los tribunales militares, y supone un paso más en la apuesta por la política de transparencia de la jurisdicción militar y por su integración en el Poder Judicial del Estado.
