La existencia de una vulnerabilidad asociada a la tecnología hace necesaria la existencia de «ciberabogados» que afronten los «ciberproblemas» que se vayan presentando. Para ello, la prevención es la mejor estrategia de protección, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta es una de las conclusiones de la mesa redonda «Ciberseguridad», celebrada en el Tercer Congreso del Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas que ayer echó a andar en la Universidad madrileña Antoniio de Nebrija.
“No se puede negar la necesidad de aprovechar mejor las oportunidades ofrecidas por las tecnologías electrónicas. Pero, en un sistema democrático que se precie de serlo, esto significa en primer lugar confrontar las exigencias de seguridad y orden público con el cuadro de los derechos fundamentales», afirmó Luis Moll, presidente del mencionado Consejo durante la inauguración, animando a aprovechar las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías, dentro del respeto al Derecho.
En el acto de inauguración, el presidente del Consejo estuvo acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio de Nebrija, Fernando Tomé, y por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El presidente del máximo tribunal señaló que el desarrollo tecnológico “debe encontrar su contrapunto en los derechos fundamentales”.
Durante su intervención, advirtió que las tecnologías “pueden comportar una serie de riesgos para el ciudadano, principalmente una brecha de su privacidad”, por lo que “el desarrollo y la utilización de la tecnología vuelva a mirar hacia el hombre que la creó, poniendo el centro de atención en la dignidad humana”.
El Congreso será clausurado hoy por el director general del Ministerio de Justicia, Joaquín Delgado.
