Durante la II Jornada contra la trata, “Protegiendo a las víctimas de trata” que tuvo lugar este viernes en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE se subrayó que el 70% de los jueces y magistrados encuestados demandan mayores esfuerzos para perseguir y atender estos delitos, y que la cooperación internacional es básica para proteger a familiares amenazados en los países de origen.
Partiendo de los últimos datos de la Fiscalía General, las denuncias de víctimas de trata siguen siendo muy escasas y las sentencias condenatorias no llegaron a 20 entre 2016 y 2017 porque, según los participantes en la Jornada, es posible que no se proteja adecuadamente a las víctimas.
La jornada reunió a magistrados, jueces y representantes de ONG que trabajan a pie de calle con víctimas de trata para reclamar mayores medidas con el objetivo de proteger a las víctimas que, al denunciar a sus tratantes, se juegan su vida y la de su familia.
En su intervención, el equipo de investigación sobre trata de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE puso de manifiesto que durante 2016 –según datos de la Fiscalía General– se identificaron 367 víctimas de trata con fines de explotación sexual (102 en 2015) y se detectaron 876, unas cifras no tan altas como cabría esperar teniendo en cuenta la gravedad del problema en España.
“Si se estima que aproximadamente en España ejercen la prostitución 114.000 personas, y el número de víctimas que denuncia y es identificada es reducido, nos lleva a preguntarnos por las razones que provocan esta situación y a plantearnos si existe poca incidencia de este fenómeno social en España, o es que no somos capaces de detectar, rescatar y proteger adecuadamente a las víctimas de trata”, afirmó Carmen Meneses, investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y directora de la investigación.
Dificultades de los jueces a la hora instruir y enjuiciar este asunto
El estudio se llevó a cabo en tres provincias judiciales (Barcelona, Málaga y Madrid) en las que se encuestó a 71 jueces y magistrados, y se entrevistó a otros 11. Los datos extraídos demuestran las dificultades de instrucción y enjuiciamiento que los jueces se encuentran ante el delito de trata, y permiten sacar varias conclusiones, según los investigadores:
– Poca colaboración. Un 75% de jueces y magistrados subrayó la falta de colaboración e implicación de las víctimas de trata. “Son procesos que requieren mucho tiempo y medios de investigación que no siempre están disponibles. Los casos de trata pueden colapsar un juzgado de instrucción”, afirman los encuestados.
– Falta de medios. La necesidad de protección, más que a una necesidad legislativa, se debe a la falta de medios y recursos que realmente puedan proteger a las víctimas. Más del 70% de los profesionales encuestados indicó que necesitaban mayores recursos para atender estos delitos.
– Cooperación internacional. El 100% de los magistrados coincidieron en que no solo necesitan protección las víctimas de trata, sino también sus familiares directos, que están siendo amenazados por los tratantes. Y para ello se necesita la cooperación internacional con los países de origen de las víctimas.
– Poca sensibilidad social. Los jueces y magistrados entrevistados aprecian una falta de sensibilidad hacia estos delitos y hacia las víctimas de trata, dado que son procedimientos infrecuentes de los que se tenía poca información. El 85% señaló que la sensibilidad social sobre la trata era escasa. La concienciación social en profesionales y sociedad civil puede ser un primer paso para proteger adecuadamente a las víctimas.
Solo veinte sentencias condenatorias en los dos últimos años
En este sentido, los expertos que participaron en la jornada lamentaron la escasez de denuncias (solo tres en 2016), y revelaron que en 2015 y 2016 solo se consiguieron algo más de 20 sentencias condenatorias por delitos de trata.
Los ponentes se preguntaron si este bajo número de denuncias y sentencias condenatorias es debido a una insuficiente protección a las víctimas y qué hace falta para proteger mejor a las mujeres y niñas que son rescatadas de la explotación sexual.
“En el equipo de investigación de la Universidad Pontificia Comillas, desde los datos provisionales que manejamos, creemos que no disponemos de los mecanismos ni recursos suficientes para rescatarlas adecuadamente y protegerlas para que denuncien a los tratantes”, aseveró Meneses.
Para esta investigadora, no cabe duda que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una de las más terribles formas de violencia contra las mujeres, que atenta contra su dignidad, que trunca su desarrollo como mujeres y que traumatiza sus vidas. Rescatar a estas personas no es fácil, supone detectarlas, ofrecerles ayuda y que ellas se sientan seguras para escapar del cautiverio.
