En este nuevo curso político que ha arrancado tras las vacaciones de verano, el colectivo de personas con discapacidad, liderado desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha puesto como objetivo conseguir la plena ciudadanía y que cuestiones como el derecho a voto, ahora eliminado para más de 100.000 ciudadanos se normalice.
Desde CERMI se es consciente del momento político que vive el país. Se piensa desde esta organización del tercer sector que, aprobados los Presupuestos Generales del Estado el próximo viernes, será por tanto el momento de abordar los temas pendientes que a las personas con discapacidad les mantienen aún al margen de nuestra sociedad en muchos aspectos aún.
En opinión de Oscar León, asesor jurídico de esta entidad, cree que no hay justificación para demorar más el acceso de todas las personas con discapacidad al derecho a voto. “No se puede privar a ningún ciudadano de sus derechos fundamentales y esta es una cuestión que se debe abordar ya”. Este movimiento se manifestó hace meses delante del Tribunal Constitucional para que se solucionara dicha disfunción sobre el derecho a voto.
Hace unos días, el presidente del CERMI, Luis Cayo tuvo una intervención en la Comisión Legislativa Permanente del Senado donde expresó su deseo, además de una reforma de la Constitución para que la discapacidad aparezca de otra forma, cuestiones de derechos fundamentales como el derecho a voto, privado para muchas personas. “Al existir ya un consenso político no creo que existan motivos para dilatar más esta petición”, asegura León.
De hecho, CONFILEGAL se hizo eco hace algunos días de cómo tendría que ser esa reforma legislativa que otorgase el voto a las personas con discapacidad. En dicho reportaje representantes de entidades como CERMI, Plena Inclusión o DOWN España explicaron a este medio la modificación que habría que hacer de la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).
Otra cuestión importante que nos señala León es el reconocimiento en el apartado 2 del artículo 12 de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida.
Es evidente que esta reivindicacion encaja a la perfección en el diseño del modelo social de la discapacidad por el que aboga la Convención y es una disposición que no tiene precedentes en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que obligará a introducir importantes modificaciones en los ordenamientos jurídicos internos
Discriminación para ser jurado
Al mismo tiempo, esta semana el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) mostraba su satisfacción que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobase el dictamen de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Jurado, con el fin de suprimir las restricciones a la hora de que las personas con discapacidad pudieran formar parte de este tipo de tribunal.
El dictamen fue aprobado con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Tras superar este trámite, el texto será sometido a votación en el Pleno del Congreso y posteriormente remitido al Senado, donde se inició la tramitación de la reforma con su admisión a trámite tras una propuesta del CERMI.
Para nuestro interlocutor “estas restricciones suponían una discriminación en el acceso a la administración de justicia que el CERMI viene denunciando hace mucho tiempo, por ser contraria a los mandatos y principios de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, el Comité de Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU instó a España en 2011 a corregir esta deficiencia legislativa”.
A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad en España, el resultado de la reforma legal será muy positivo, puesto que, en el futuro, no se podrá impedir a las personas con discapacidad acceder a la función de jurado, sino que se les proporcionarán los apoyos y recursos técnicos humanos y materiales necesarios, siempre y cuando la persona no sea la que quiera renunciar a formar parte de este tipo de tribunal.
En ese objetivo a medio plazo de lograr una ciudadanía plena, este colectivo es consciente que éste es un avance más en el enfoque de derechos al que debe estar sometida la discapacidad.
Desde el CERMI, sus dirigentes se congratulan de que haya sido aprobado con pleno consenso de todos los grupos, lo que indica también que las cuestiones de discapacidad, gracias al trabajo del movimiento asociativo, encuentran eco y superan las diferencias ideológicas.
