Horizonte 2029. Este es el eslogan escogido por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) para alertar de los retrasos estructurales que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia.
Según un comunicado emitido por la corporación, ya son varios los letrados que han trasladado a la institución la fijación de juicios para el año 2029. La situación afecta a asuntos de especial trascendencia para trabajadores, empresas o ciudadanos, como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales.
A juicio de la institución colegial, estas demora comprometen del derecho a la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva y reclama medidas urgentes para revertir una situación que empieza a agudizarse.
Esta denuncia ya ha encontrado réplicas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su enfado contra el Ejecutivo por su negativa a autorizar la renovación de diversas medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados.
Esta decisión puede generar un daño en la tutela judicial efectiva, ya que, según un Informe del Servicios de Inspección, cerca de 2.470 asuntos que dejarán de resolverse en el segundo trimestre de 2026 ante esta falta de medios.
La institución colegial señala a la falta de planificación y de recursos como factores de esta demora en los señalamientos
La corporación subraya que estos plazos obligan a los abogados a comunicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán esperar varios años para obtener una respuesta judicial.
Esta circunstancia, tal y como denuncian, genera frustración e incertidumbre entre los justiciables y puede ocasionar «un perjuicio reputacional para la profesión, al tiempo que también afecta a los propios letrados, que en muchos casos no podrán percibir sus honorarios hasta la finalización de los procedimientos», señalan en el comunicado.
Para el Colegio de Abogados de Granada esto supone un «problema estructural» que se ha agravado progresivamente como consecuencia de la implantación de una reforma judicial sin la planificación ni los recursos suficientes, así como por las continuas incidencias tecnológicas que afectan al servicio público de Justicia.
El ICAGR respalda a sus colegiados y exige una solución
Ante este escenario, la institución sostiene que una Justicia con señalamientos a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Como respuesta, el Colegio reclama a las administraciones competentes la adopción inmediata de medidas que permitan reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales.
Entre ellas, plantea el refuerzo de las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; una mayor dotación de medios materiales y tecnológicos; la creación de nuevos órganos judiciales allí donde la carga de trabajo lo requiera; y la puesta en marcha de planes específicos de choque para disminuir el volumen de procedimientos pendientes.
