La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación pide al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para asegurar la integridad del país ante los acontecimientos derivados del referéndum ilegal del 1 de Octubre en Cataluña.
Para ello, ha hecho público un comunicado donde apuesta por defender el orden constitucional donde manifiesta que:
1.- Que el cumplimiento del Derecho es el dato clave para calificar a las sociedades democráticas. Su inobservancia masiva es signo de debilidad: de ahí que un movimiento secesionista al margen de la ley sea utópico y recusable, precisamente al no encontrar en el Derecho el cauce de su propia validez.
2.- Que observa con preocupación y sorpresa el atropello y el desconocimiento total de las reglas más elementales de un Estado de Derecho.
3.- Que el respeto de la legalidad vigente y de sus líneas de reforma debe ser el cauce para abordar los problemas que actualmente aquejan a esa parte de España.
4.- Que por ello, exhorta al Gobierno y a los demás poderes del Estado para que, en cumplimiento de las responsabilidades que le incumben, adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar la integridad del orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones y la plena vigencia del Estado de Derecho.
La Junta de Gobierno
En su Junta de Gobierno actual se encuentran juristas de la talla de José Antonio Escudero como presidente; Rafael Navarro-Vals, vicepresidente; Antonio Pau, Encarnación Roca como vicesecretaria General; Gonzalo Rodríguez, tesorero: Ramón Lopez , interventor; Juan Antonio Sagardoy, bibliotecario; Antonio Manuel Morales, director del Archivo, Juan Carlos Domínguez, director de Publicaciones, Antonio Fernández de Buján y Luis María Cazorla, vocal.
Sus orígenes se remontan hasta aproximadamente el año 1730, en Madrid, con la fundación de la llamada «Academia Práctica» o «Junta de Jurisprudencia Práctica»,1 de la mano de un grupo de treinta juristas que pretendían desarrollar el espíritu ilustrado academicista mediante la puesta en común de sus conocimientos.
Entre sus miembros se encontraban importantes personajes de la época, como José Moñino, que más tarde sería el conde de Floridablanca y secretario de Estado con Carlos III que luego sería su primer presidente. A lo largo de los años se ha convertido en un centro de debate y estudio de normativa vigente, textos jurídicos, manuales y documentos histórico.
