referéndum ilegal

A Javier Ortega Smith-Molina, de Vox, le correspondió defender la propuesta de reinstaurar el referéndum ilegal en el Código Penal.

Están procesados por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, revelación de secretos y desobediencia.

El Ayuntamiento de Sant Juliá de Ramis reclamaba 13.427,73 euros.

Replica al fiscal que los catalanes "no son ovejas" y Marchena le corta por hacer juicios de valor "sobre la corrección, desmesura o noticias de prensa" porque "ya tendrá derecho a desahogarse en el turno de última palabra". 

Los tribunales investigan a un total de 72 Mossos d'Esquadra en relación a las actuaciones del cuerpo durante la jornada del referéndum del 1 de octubre, por un supuesto delito; la Generalitat no tiene constancia de que se investiguen responsabilidades civiles.

La Generalitat habría desviado más de 4,7 millones de euros de dinero público para la organización del proceso independentista que culminó en el referéndum ilegal, según los informes con los que cuenta el instructor de la causa en el Supremo, Pablo Llarena, y que probarían la malversación de fondos públicos.

El magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Lleida ha dictado una resolución en la que afirma que tiene indicios de la existencia de un plan organizado desde la dirección de los Mossos d'Esquadra "encaminado a favorecer la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".

El juez que investiga al gobierno catalán por los preparativos del referéndum del 1-O ha citado como investigados al al ex juez y exsenador de ERC Santiago Vidal y al expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi Sunyer.

La juez Carmen Lamela ha ordenado una serie de diligencias para averiguar " quién ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum" del 1-O y ha llamado a declarar como testigo el 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El juez número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer , ha ordenado a la Guardia Civil investigar si los organizadores del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña pudieron cometer blanqueo de capitales al organizar la citada consulta.