El magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Lleida ha dictado una resolución en la que afirma que tiene indicios de la existencia de un plan organizado desde la dirección de los Mossos d’Esquadra «encaminado a favorecer la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017″.
Por ello, ha acordado inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional porque entiende que sus diligencias no pueden desligarse de la causa abierta por la juez Carmen Lamela.
Lamela mantiene imputado por sedición al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por la supuesta pasividad con la que la policía catalana actuó a la hora de cumplir con la orden judicial de impedir la celebración del referéndum.
Según el juez de Lleida, que mantiene imputados a varios mandos de los Mossos en esta demarcación, de las actuaciones practicadas hasta el momento se desprenden indicios sobre la existencia de un «plan organizado» desde la jefatura de los Mossos«encaminada a favorecer la celebración del referéndum ilegal del 1-O», así como para «dificultar» que la Guardia Civil y la Policía Nacional lo impidieran.
En su auto de inhibición en favor de Lamela, el juez de Lleida resalta que la actuación de los Mossos el 1-O no se caracterizó sólo por una «deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentase el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficiente para el cumplimiento efectivo de las mismas, sino también por una actitud proactiva favorecedora de la realización de la consulta».
«En definitiva -expone el juez-, se pretendió simular el cumplimiento del auto del TSJC, de 27 de septiembre de 2017 (que les ordenaba impedir la votación) cuando en realidad se pretendía hacer y se hizo lo contrario».
Para el juez, la actuación de los Mossos d’Esquadra en Lleida «no fue una actuación espontánea ni aislada, limitada a esta región policial, ni ideada o adoptada por iniciativa propia e individual de algunos de los miembros del cuerpo, ni siquiera de los jefes de región».
«Al contrario, sigue un patrón común con el resto de las regiones, tratándose de una actuación generalizada en toda Cataluña, organizada y presuntamente ordenada o planificada desde la jefatura del cuerpo y ejecutada por los mandos de las diferentes regiones policiales», subraya el juez.
Para el magistrado, es «evidente» que lo que ocurrió el 1-O en Lleida «no es sino la proyección a este territorio de un plan de actuación general diseñado desde la cúpula del cuerpo de Mossos d’Esquadra para evitar toda actuación en contra del referéndum, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad».
«Desde esta perspectiva -insiste el juez-, la actuación de los principales responsables del cuerpo de los Mossos d’Esquadra en Lleida no sería sino la de ejecutores del plan, siendo partícipes de los mismos ilícitos que se investigan en el juzgado central de Instrucción (de la Audiencia Nacional)«.
Por este motivo, el juez se inhibe en favor de Lamela al considerar que no se trata simplemente de hechos conexos, sino «propiamente de los mismos hechos», por lo que cree necesario no dividir la causa para evitar pronunciamientos contradictorios.
En este sentido, justifica su inhibición a favor de la Audiencia Nacional porque «no solo desde el punto de vista de las ventajas de una mayor facilidad de la instrucción y visión global de los hechos, sino sobre todo, por la necesidad de no dividir la continencia de la causa en evitación de pronunciamientos contradictorios, es absolutamente imprescindible una instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento, conjunto para alcanzar la verdadera entidad fáctica que se investiga o enjuicia”.
