El juez Ramírez Sunyer ordena investigar si las empresas y los organizadores del 1-0 blanquearon dinero
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20/1/2018 06:10
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Actualizado: 02/8/2018 13:34
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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado a la Guardia Civil investigar si los organizadores del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña pudieron cometer blanqueo de capitales al organizar la citada consulta.
Concretamente, concede autorización a los agentes para acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) e investigar cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas -es decir, también las empresas- relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1-O.
Así se detalla en una providencia dictada por el juez el pasado 16 de enero, apenas una semana después de que se reincorporara al juzgado tras superar un problema médico y rechazarse las recusaciones que habían presentado contra él varios de los investigados en esta causa.
Entre ellos se encuentra Josep María Jové, número dos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien, junto a Josep Masoliver, técnico informático de la Fundación PuntCat, ya han sido condenados a abonar 1.500 euros por actuar con “mala fe” al recusar al magistrado.
La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox y la otra del despacho Durán y Durán Abogados contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.
La operación ordenada por Sunyer en septiembre pasado investiga a una veintena de personas y ha supuesto casi medio centenar de registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
En principio se investigaba en esta causa al propio Vidal; al director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y la investigación se ha ido ampliando a los principales organizadores del referéndum. EP.
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