El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará desde el 27 de septiembre hasta el 29 de noviembre a la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; al líder de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y al Presidente del Puerto de Barcelona y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O. Un juicio que se aplazó para que no coincidiera con la campaña electoral para el 12M.
Tenía que haber empezado el 10 de abril pero se aplazó sin nueva fecha ante la convocatoria de elecciones. Los abogados de la causa y el tribunal se han reunido este viernes por la mañana para compartir agendas y han acordado 15 jornadas de juicio repartidas entre estas fechas, han informado fuentes jurídicas.
Antes de que se aplazara el juicio, las defensas de Salvadó y Garriga pidieron suspender el juicio ante la tramitación de la ley de amnistía, una petición que Jové suscribió y a la que se opusieron las acusaciones públicas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox.
El tribunal lo rechazó porque consideraba que la ley, al estar aún en tramitación, no podía tenerse en cuenta «como un hecho cierto con capacidad para interferir o alterar el curso del juicio oral ya convocado», y en cambio valoró que sí ocurriría si estuviera aprobada y publicada.
La nueva fecha de juicio llega este viernes con la previsión de que la ley de amnistía entre en vigor dentro de una semana, al día siguiente de la votación en el Congreso el próximo jueves, y las defensas tienen intención de volver a pedir anular el juicio una vez la ley entre en funcionamiento.
DESOBEDIENCIA, PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
En esta causa, Garriga se enfrenta a la petición de Fiscalía de un año de inhabilitación por presunta desobediencia, mientras que el fiscal reclama siete años de prisión para Jové, también presidente del Consell Nacional de ERC, y seis años y tres meses para Salvadó.
A ellos dos, el fiscal les atribuye los presuntos delitos de desobediencia –igual que a la consellera– además de presunta prevaricación y malversación agravada.
El fiscal también reclama inhabilitar a Jové 32 años y a Salvadó 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, mientras que pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que entonces era directora de servicios de la Conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.
