La Audiencia Provincial de Barcelona multa con 1.500 euros a Josep María Jové por mala fe al recusar al juez Ramírez Sunyer
Josep Maria Jové era el 'número 2' de Oriol Junqueras y en su casa la Guardia Civil encontró el 20-S los planes secretos para llevar a cabo la independencia de Cataluña y la agenda con todas las reuniones de los embarcados en ese fin.

La Audiencia Provincial de Barcelona multa con 1.500 euros a Josep María Jové por mala fe al recusar al juez Ramírez Sunyer

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20/12/2017 06:20
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Actualizado: 20/12/2017 01:07
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El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha multado con 1.500 euros a la mano derecha de Oriol Junqueras, el exsecretario general de la Vicepresidencia de Economía de la Generalitat, Josep María Jové, y a Josep Masoliver, técnico informático de la Fundación PuntCat, por «mala fe» al recusar al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. 

Este magistrado fue el que ordenó la detención de ambos -y el que los imputó- por preparar las estructuras del futuro estado catalán independiente así como de los preparativos para celebrar el referéndum separatista ilegal del 1 de octubre.

Fue durante el registro que llevó a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil en el domicilio de José donde se encontró el documento «Enfocats», el plan secreto de los separatistas para conseguir la independencia, y la agenda Moleskín, en la que Jové relató todos los encuentros que se llevaron a cabo, con altas personalidades, desde agosto de 2015, con el fin de poner las bases que les llevara a conseguir la proclamación de la república catalana.

El auto, suscrito por los magistrados José Carlos Iglesias, María José Magaldi y Jesús Ibarra, rechaza los 14 argumentos planteados por Jové, que está representado por el mismo abogado que Junqueras –Andreu Van den Eynde– y Masoliver en sus escritos de recusación.

De todos ellos destacada la acusación al magistrado Ramírez Sunyer de tener interés directo o indirecto en el pleito y de mantener el secreto de las acusaciones sin tener ningún apoyo indiciario ni relevancia penal por lo que consideraban que debía ser apartado del conocimiento de la causa.

El tribunal mantiene en su auto que “la actuación de los recusantes ha estado presidida por mala fe al tratar de apartar del conocimiento de la causa al juez que venía conociendo de ella siendo conscientes que su pretensión carecía del más mínimo fundamento al apoyarse en simples alegaciones no sustentadas en elemento probatorio que las avalase”.

En el citado auto, la Sección Segunda Audiencia Provincial de Barcelona acusa también a los dos investigados de verter una “amalgama de afirmaciones carentes de cualquier corroboración más allá de la mera alegación de parte”.

Para los magistrados, Jové y Masoliver han incumplido la ley “que exige el acompañamiento de un principio de prueba en apoyo a los motivos”.

De esta manera, la Audiencia Provincial de Barcelona muestra su apoyo al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, asumiendo la tesis de VOX, que representa la acusación popular en este caso, y de la Fiscalía.

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