El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha citado a declarar como investigado el 7 de junio al diputado de ERC en el Parlamento catalán Josep Maria Jové, por su implicación en el proceso separatista. La comparecencia está fijada para las 9 de la mañana.
Jové fue exsecretario general de la Consejería de Economía del anterior gobierno autonómico, exnúmero dos de Oriol Junqueras. El pasado 27 de septiembre fue detenido en un operativo de la Guardia Civil contra el núcleo duro de coordinación del 1-O creado en julio.
La Sala Civil y Penal del TSJCat dictó en noviembre de 2018 la apertura de procedimiento penal a Jové por presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave, al considerar que pudo participar en el «comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern» y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional.
El TSJCat designópara investigarlo a la magistrada Maria Eugènia Alegret, quien fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Alegret fija ahora por tercera vez la comparecencia de Jové, después de que fueran aplazadas sus dos anteriores convocatorias, del 1 y del 25 de marzo pasado.
La investigación contra Jové le relaciona presuntamente con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, desoyendo al Tribunal Constitucional, y con «la asistencia» del 1-O, declarado inconstitucional.
Constata la posible participación de Jové en el proceso, «que habría exigido, para contar con garantías de éxito, la previa creación de estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado».
Tiene en cuenta su «eventual responsabilidad» como secretario general del departamento de Economía, que lideraba Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del gobierno catalán y actualmente en prisión preventiva y juzgado en el Tribunal Supremo por presunta rebelión, en la organización del referéndum, para lo que se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas fondos públicos o bien se comprometió el correspondiente gasto.
Asimismo, le atribuye el presunto uso ilícito del fichero de datos personales de la población de Cataluña con el que contaba el Idescat, ya que firmó el 28 de febrero de 2017 un convenio con esta entidad, a la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitaba legalmente los datos personales de la población catalana.
Jové fue detenido el 20 de septiembre de 2017 por la Guardia Civil en la operación en la Consejería de Economía de la Generalitat, y estuvo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona hasta que, por su condición de aforado, se trasladó la causa contra él al TSJCat.
El TSCat estimó parcialmente la exposición razonada que le remitió el pasado agosto el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, para que imputara a Jové y al vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, de ERC, dada su condición de aforados.
Abrió investigación contra Jové, mientras que descartó, de momento, investigar a Aragonès, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña afirmara que no veía suficientes indicios para imputarlo por la organización del 1-O, en un escrito que remitió al TSJCat.
El titular de ese juzgado era en agosto el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el pasado noviembre. En la actualidad la titular es la magistrada Alejandra Gil.
En diciembre del año pasado, Jové fue multado por la Audiencia Provincial de Barcelona con 1.500 euros por mala fe al recusar al juez Ramírez Sunyer.
El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el operativo que se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de septiembre para truncar los planes del referéndum en las Consejerías catalanas de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Consejería de Economía.
Se saldó con la detención de 14 personas, la imputación de 20 individuos, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Constitucional.
En uno de esos registros, en el domicilio de Josep María Jové, la Guardia Civil encontró el documento Enfocats, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, y una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, por orden del magistrado Ramírez Sunyer, fueron la base que posibilitaron a la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ordenar la prisión preventiva de Junqueras y siete exconsejeros.
La investigación arrancó a raíz de dos denuncias, una de VOX y otra del abogado Miguel Durán, por las declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, una partida secreta para crear estructuras de Estado y un listado de los jueces afines al proceso independentista.
