La jueza del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, notificó ayer el auto de procesamiento a 15 de los 30 investigados por los preparativos del 1-O.
La treintena de procesados son en su mayoría excargos públicos del ejecutivo que presidió el fugado Carles Puigdemont y algunos que siguen en la Generalitat, y se les atribuyen supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.
Alejandra Gil es la magistrada que ha sustituido en ese puesto al fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, cuya instrucción, y, en especial, los registros llevados a cabo el 20 de septiembre de 2017 en despachos, locales y domicilios, posibilitó las acusaciones contra los 12 procesados que hoy están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, y los que próximamente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su condición de aforados.
En dichos registros se incautó el documento «Enfocats», la hoja de ruta secreta para la independencia, y la agenda Moleskine, donde figuraban todos los supuestos conjurados.
Los procesados por la magistrada no tienen ningún tipo de aforamiento.
En declaraciones a la prensa ante la Ciudad de la Justicia tras la notificación, la abogada de varios procesados, Judit Gené, que en el juicio del Tribunal Supremo representa a los exconsejeros Joaquim Forn y Meritxell Borras, resaltó que algunos estaban «dispuestos a contestar todas las preguntas» pero que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han formulado, y han respondido a sus propias defensas.
El abogado Ramon Setó –que defiende a cuatro procesados, incluido el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta– explicó a los periodistas que este viernes la jueza ha empezado a hacer, de forma «independiente» a las declaraciones, los requerimientos de la fianza solidaria de 5,8 millones de euros por presunta malversación.
Recordó que la fianza fue recurrida por diversas defensas alegando que ya se pagaron más de 2 millones en el Tribunal Supremo por la causa sobre el proceso soberanista.
Y añadió que en los recursos también se ha pedido que el requerimiento de fianza «se individualice y se haga referencia a la presunta implicación» de cada persona en la presunta malversación, para establecer la cuantía que corresponda a cada uno.
A la salida de la Ciudad de la Justicia acudieron miembros de ERC y de JxCat en señal de apoyo a los procesados.
CARGOS CITADOS
Entre los citados este viernes estaba el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Consejeria de Presidencia y actual secretario de Comunicación, Antoni Molons; el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet.
También tuvo que comparecer este viernes el exdirector de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE Amadeu Altafaj y el exdirector de Diplocat Albert Royo, en el marco de este trámite consistente en la declaración indagatoria dentro del procedmiento sumario.
La tarde del viernes 10 de mayo tendrán que comparecer los otros 15 procesados en esta causa: entre ellos están la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot.
