El magistrado Ramírez Sunyer acordó de oficio las detenciones y los registros de Barcelona
Un coche patrulla de la Guardia Civil en uno de los edificios oficiales de la Generalitat, donde se han llevado a cabo los registros. EP.

El magistrado Ramírez Sunyer acordó de oficio las detenciones y los registros de Barcelona

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20/9/2017 15:14
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Actualizado: 02/8/2018 13:50
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El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, de 70 años, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, actúa de oficio en esta investigación. Es decir, había acordado previamente las intervenciones y había hecho llegar sus decisiones a la Fiscalía, que no se opuso, según ha explicado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado.

Ramírez Sunyer fue el que instruyó la causa contra el exmagistrado y exsenador de Esquerra Republicana de Catalunya, Santiago Vidal, por las declaraciones que realizó sobre la posesión ilegal de datos fiscales de los catalanes.

La investigación arranca por dos denuncias, una la citada y la otra presentada por el partido Vox.

El magistrado fue también el que envió a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña para conocer quién había pagado las instalaciones para realizar un gran acto de presentación de la Ley del Referéndum.

Ramírez Sunyer, por lo tanto, es una «persona non grata» para el universo secesionista catalán.

Las intervenciones de la Guardia Civil se han realizado en el marco de la investigación que dirige desde el pasado mes de febrero a raíz de dos denuncias. En total se han llevado a cabo 41 registros, 6 de ellos de despachos en distintas sedes oficiales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Los registros se han limitado a las dependencias de las personas que tienen la condición de investigadas dentro de la causa.

El juez Ramírez Sunyer también ordenó hoy el registro de 3 empresas de Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga-

En una nave de Bigues i Riells (Barcelona), la Guardia Civil ha decomisado entre nueve y diez millones de papeletas para votar el 1 de octubre, además de otro material para la votación.

La causa, declarada secreta, investiga los delitos de desobediencia, prevariaciòn y malversación. CONFILEGAL/EP.

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