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El exsenador por ERC y magistrado, Santiago Vidal, ante el promotor de la Acción Disciplinaria

Sobre estas líneas, el magistrado proindependentista Santiago Vidal. EP.
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El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, ha abierto una investigación (diligencias informativas en el argot administrativo interno) al exsenador por ERC, redactor de una “constitución” catalana y magistrado, Santiago Vidal, por las manifestaciones realizadas en una emisora de radio en las que declaró que la secretaria judicial, Montserrat del Toro, había mentido ante el Supremo, y que el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer  había instruido la causa del procés sin importarle cometer ilegalidades porque sabía que se estaba muriendo.

El pAD tiene que determinar ahora si sus palabras encajan en una falta grave, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según publica El Español. Lo estaría castigado –esto es, la desconsideración a funcionarios judiciales–, con una multa de 501 a 6.000 euros.

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Decir que el magistrado Santiago Vidal tiene incontinencia verbal es hacer una descripción cercana a la precisión.

Si sus declaraciones de 2016 provocaron que fueran investigadas  por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y los resultados condujeron a su dimisión como senador de ERC, que el Consejo General del Poder Judicial después lo inhabilitara, y que ¡fueran la base del juicio que ahora está teniendo lugar en el Tribunal Supremo,  las de ahora, las de 2018, van por el mismo camino. 

Estas últimas, realizadas justo después de que el Tribunal Supremo hubiera dado luz verde a su regreso a la judicatura, después que el Constitucional diera un revolcón al órgano de gobierno de los jueces, llegan en el peor momento.

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Cuando está esperando destino.

Vidal dijo en la emisora de radio catalana Rac1 que la letrada judicial, Montserrat del Toro, había mentido y exagerado mucho las cosas cuando declaró ante el Supremo.

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Del Toro declaró ante el tribunal del juicio por el proceso separatista, en el Supremo, que había vivido con “miedo” y mucha “tensión” el asedio de más de 40.000 personas a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando estaba haciendo un registro, acompañada de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

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La letrada judicial pudo salir de madrugada por la azotea del edificio después de 16 horas.

Vidal podría haberse callado, pero no lo hizo.

Y no solo eso.

Añadió, que el titular del 13 de Instrucción, Juan Antonio Ramírez Sunyer, recientemente fallecido, “hizo todo lo necesario, fuera legal o no, sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría”.

Esto es lo que tiene que precisar ahora Conde. Si las palabras que se publicaron en los medios corresponden con lo que él dijo.

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