Sus declaraciones, siendo senador de ERC en el invierno de 2016, fueron el origen de la instrucción que finalmente derivó en el juicio del «procés», en el que, durante 52 sesiones de mañana y tarde, se enjuició a 12 líderes independentistas en el Tribunal Supremo.
Gracias a ellas el Estado, a través del desaparecido magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, previa denuncia del abogado Miguel Durán y de la querella interpuesta por Vox, pudo actuar de forma contundente.
Santiago Vidal había regresado a la judicatura en mayo pasado gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le impedía volver a ponerse la toga.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconoció, el pasado mes de marzo, el derecho de Vidal a reingresar en la carrera judicial después de que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 13 de diciembre de 2018, declarase la inconstitucionalidad del artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se basó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denegarle la vuelta a la carrera por falta de aptitud, tras cumplir los tres años de suspensión por una falta muy grave.
El magistrado independentista –un oximorón (la unión de dos conceptos contrapuestos) en toda regla, puesto que no se puede ser juez de un sistema por el que, para ejercer la jurisdicción, es obligatorio jurar la Constitución– había sido sancionado por dos faltas disciplinarias graves, una de ellas consistente en la elaboración de una «constitución para la república catalana».
Vidal regreso a la judicatura el pasado mes de mayo como magistrado del Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona.
Y lo abandonará el 31 de diciembre próximo si mañana la Comisión Permanente del CGPJ da el visto bueno para su solicitud al haber cumplido los 65 años preceptivos y tener una antigüedad de 30 años en la carrera, según ha podido saber Confilegal de fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
De esa forma, el magistrado dejará definitivamente la judicatura, pasando a convertirse en un jubilado.
Vidal todavía está imputado en la instrucción que dirige Alejandra Gil, sucesora de Ramírez Sunyer, en el Instrucción 13 de Barcelona, sobre los acontecimientos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
