La magistrada cierra la instrucción de la causa contra Jové y Salvadó por la organización del 1-O

Según la información aportada a la causa, la instructora considera acreditado que Jové, desde sus responsabilidades públicas, obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que carecía de competencias.

Igualmente, destaca en el auto de procesamiento que Jové “desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum”.

Señala también, tal como se recoge indiciariamente en la agenda Moleskine de Jové y en las anotaciones de ‘Enfocats’, que este procesado “conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal”, en una cantidad superior a los 2.100.000 euros.

“Todos los gastos debieron ser indiciariamente supervisados por el señor Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum, según sus propias anotaciones, como por ostentar el cargo de secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como cuanto responsable formalmente desde el mes de julio de 2017 del área de los procesos electorales y consultas populares que se mantuvo en el departamento hasta el decreto 1/2018, de 19 de mayo, por el cual dicha responsabilidad pasa a otro”, expone.

Por lo que se refiere a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda del Departamento de Vicepresidencia, indica que al igual que Jové “planearon que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Cataluña contase con la independencia”.

A Salvadó se le señala indiciariamente como “responsable de la ideación del Programa de Homogeneización de los procesos y mecanismos internos o tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat al Estado”, todo ello para promover la recaudación impositiva suficiente.

Este plan no se ejecutó, aunque fue aprobado por el gobierno catalán en abril de 2017 para afectar en materia de recaudación a todos los entes locales, a las universidades públicas, el servicio catalán de salud y, en definitiva, a todo el sector público de la administración autonómica sin que ello fuera comunicado a la Agencia Tributaria ni publicado en diarios oficiales ni mencionado en el Consejo Territorial para la dirección y coordinación de la gestión tributaria en Cataluña (mecanismo de coordinación en materia fiscal).

Según señala Alegret, los indicios permiten inferir que el programa se proponía “conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provinientes de las instituciones públicas autonómicas y locales e información fiscal de los contribuyentes”. El programa tuvo un coste de más de 1.200.000 euros.

Tal y como se desprende del auto de procesamiento, los indicios recogidos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), que sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare resolución arbitraria en un asunto administrativo.

“La firma de un convenio con el Idescat para la transmisión de datos de carácter personal contenidos en los registros de población o de catalanes en el exterior o con los Ayuntamientos para la gestión centralizada de los impuestos estatales puede constituir un delito de prevaricación administrativa”, expone la instructora.

También existen, según la interlocutoria, indicios de la posible comisión de un delito de malversación, “ello pudo ocurrir en el presente caso, en que indiciariamente la disposición o compromiso de fondos públicos no respondería a los intereses de la comunidad sino impulsada por finalidades ajenas a las competencias que tiene encomendadas la Administración autonómica y que justifican la asignación de su presupuesto, para satisfacer el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación y creación de estructuras de Estado fuera del marco legal, todo ello con conocimiento, presuntamente, de la ilicitud de la actuación por parte de ambos investigados”.

La magistrada expone que Salvadó y Jové “deben responder de los gastos ocasionados por el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado, cuyo coste suposo para el erario público la sumo total de 1.226.089,12 euros”.

Respecto al delito de revelación de secretos, indica que la cesión de datos personales, incluidos los datos fiscales, no estaba indiciariamente amparada por la norma.

El delito de desobediencia, explica la instructora, viene determinado por la ignorancia a las advertencias personalmente comunicadas a los ahora procesados por el Tribunal Constitucional respecto de determinadas actuaciones.

Noticias relacionadas:

Jové se niega a hacer una prueba caligráfica sobre la agenda Moleskine del proceso independentista