El ministro Catalá durante su intervención en el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander (Norte de Castilla)
Catalá afirma que el Gobierno tiene previstas todas las alternativas para Cataluña
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10/10/2017 05:59
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Actualizado: 02/8/2018 13:37
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes en Segovia que el Gobierno tiene todas las posibles alternativas previstas en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, promueva la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Catalá que ha inaugurado el VI Ciclo «El desafío de la especialización judicial ante la nueva delincuencia», organizado por el diario El Norte de Castilla ha insistido en que el Estado de derecho y la democracia tienen todos los medios para «abordar» una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña y hacer que sea «inexistente, ineficaz y sin valor», tanto desde el punto de visto político como desde el judicial.
En este sentido, el ministro ha indicado que el Gobierno «trabaja» para que no llegue esa DUI, que no solo sería «absolutamente inconstitucional», sino que además «ahondaría» en el conflicto, en las «tensiones» y en la separación entre ciudadanos que el Gobierno que preside Carles Puigdemont «provoca» desde hace «algunos meses», según ha señalado.
Cambiar el modelo de investigación penal
El modelo español de justicia penal es «único y exótico» en Europa, además de «anticuado», según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha insistido en que es necesaria una reforma «profunda» para evitar que vaya «en dirección contraria» a las nuevas tendencias del derecho penal.
En este sentido, ha recordado en que ley actual es del siglo XIX y aunque se ha modificado en reiteradas ocasiones «no se adapta a los tiempos actuales».
El ministro también subrayado que el modelo de investigación criminal debería de ser «más ágil» y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales y magistrados deberían contar con herramientas para abordar delitos cada vez más «trasnacionales», «complejos» y que utilizan las tecnología más punteras.
Un justicia «más cercana»
Catalá también se ha referido a la necesidad de fomentar una justicia más «cercana» y ha defendido la posibilidad de dar más recursos, medios y capacidades a los más de 7.000 jueces de paz, una figura que contribuye a minimizar los litigios, ayuda a resolver conflictos, hace labores de asesoría y consulta y facilita la convivencia entre los ciudadanos, ha aseverado.
Del mismo, modo ha subrayado la necesidad de mantener en el territorio a los pequeños partidos judiciales y ha considerado «innecesario» el debate sobre la concentración de la justicia y la supresión de unidades.
El 91 por ciento de los municipios tienen menos de 10.000 habitantes y aglutinan al 20 por ciento de la población, sin embargo solo hay 116 unidades judiciales destinadas a estas localidades, por lo que, según Catalá, «ya cuentan con una asignación de recursos inferior y no se pueden seguir suprimiendo»
Para llevar a cabo todas las mejoras necesarias, ha recordado que la partida presupuestarias para la justicia creció un siete por ciento en 2017 y seguirá en la misma línea en 2018, según ha avanzado.
300 plazas de jueces y fiscales
Además, ha anunciado que se crearán 300 plazas de jueces y fiscales y 75 nuevas unidades judiciales, también se implementará y expandirá la justicia digital, mecanismo a través del cual ya se realizan 250.000 comunicaciones diarias.
Por último, ha indicado que el viernes se llevará al Consejo de Ministros la creación de 89 juzgados en España para mejorar la atención al ciudadano y recortar los tiempos de tramitación, de los cuales cuatro estarían en Castilla y león.
«Diálogo y la negociación»
El ministro ha definido esta legislatura como «la del diálogo y la negociación», porque requiere acuerdos políticos para promover las reformas que la justicia necesita, por eso, ha reconocido que hay muchas que todavía no se han puesto en marcha.
Sin embargo, ha asegurado que el balance de este año es «positivo» porque se han dado pasos como la creación de una subcomisión para elaborar la estrategia nacional de la justicia, la decisión de que el turno de oficio no esté sometido al IVA o la proposición de ley que pretende reformar en Código Penal y fortalecer la posición de las víctimas de delitos.
Además, ha recordado que en los próximos días se presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley sobre el crédito inmobiliario que pretende proteger al consumidor y resolver algunos de problemas en materia de consumo o de cláusulas abusivas.
Desde el Ministerio se trabaja en otros asuntos como la trasposición de normativa comunitaria en materia de protección de datos o en la creación de 16 plazas de magistrados para articular definitivamente la segunda instancia penal en España.
Comparación con Companys
Respecto a las declaraciones de Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, que ha comparado la situación actual con la de 1934 y la declaración independencia de Lluis Companys, Catalá ha indicado que «lo que ha querido decir es que Lluis Companys quiso hacer una declaración de independencia y no existió», por lo que «del pasado, de la historia, hay que aprender para evitar que se repitan los errores».
Así, el ministro ha insistido en que «una declaración de independencia sería muy grave jurídicamente, muy grave políticamente y muy grave porque atentaría contra la convivencia de los catalanes. Yo creo que eso ha querido decir Pablo Casado, que nadie debe cometer otra vez el mismo error en la historia de España»
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