El Pleno mantenido por los 83 decanos y la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha sido telefónico. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Un centenar de Colegiados del ICAB piden amparo al CGAE para que les permita segregarse del Colegio
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16/10/2017 13:18
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Actualizado: 16/10/2017 13:22
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Un centenar grupo de abogados colegiados del ICAB piden al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en un escrito entregado a este lunes dirigido a Victoria Ortega, presidenta de la entidad, piden la segregación del colegio en dos entidades, por no estar de acuerdo con las últimas actuaciones de la entidad colegial, que según los firmantes es palpable desde el pasado 20 de septiembre, su politización fuera de cualquier neutralidad», según detallan en un escrito al que CONFILEGAL ha tenido acceso.
Será por tanto el CGAE, del que la actual decana del ICAB, Maria Eugenia Gay, es vicepresidenta segunda y consejera, y que aún no ha realizado declaración institucional alguna sobre el referéndum independentista, quien valore el escrito del que estamos hablando, según el artículo 89, 1q del Estatuto General de la Abogacía quien otorga facultades a este órgano de representación de los colegios para «garantizar la adscripción de los abogados españoles a una entidad de derecho público neutral y dirigida a la ordenación y mejora de la profesión”.
En dicho escrito, los abogados demandantes insisten en que “desde el 20 de septiembre pasado el ICAB viene siendo, otra vez, utilizado de manera partidista por la nueva Junta de Gobierno que surgió de las recientes elecciones de 28 de junio, dicha Junta formaliza declaraciones y realiza actuaciones que sustraen al ICAB de la necesaria neutralidad que, como institución de derecho público, le corresponde”.
También destacan que “los abogados no tenemos porque dejar el Colegio de Abogados porque nuestra decana y vicedecano hayan decidido poner el ICAB al poder político de Cataluña. Nuestra obligación es pedir amparo al CGAE y que nos permita seguir siendo abogados catalanes sin necesidad de tener que abandonar Cataluña o ir a otro colegio. Esa es la razón por la que piden la segregación del ICAB.
Los abogados promotores de esta iniciativa Ramón de Veciana, Mercedes Galiana, Manuel Zunon y Manuel Fernando Bauzá señalan que “los colegiados no pueden estar obligados a formar parte de un colegio profesional partidista: Así lo indica la Sentencia del TSJ Sala Contenciosa de 1 de diciembre del 2016 que el propio ICAB ha recurrido al Supremo “que indica una colisión entre el derecho a colegiación y el de asociación”.
Este fallo, que está pendiente de casación en el Tribunal Supremo, al haber sido recurrido por el ICAB, fue defendido por dos abogados que impulsan este escrito de amparo como son Ramón de Veciana y Manuel Zunon, junto con otros dos letrados Vanesa González y Juan Carlos Segura.
Expectativas de neutralidad fallidas
Para el propio De Veciana “una de las razones por las que la candidatura de Maria Eugenia Gay fue elegida radicó en su apuesta por la despolitización del colegio de Barcelona”. Y hace alusión el texto a que ICAB tuviera que ser reconvenido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 de diciembre de 2016 Recurso 330/2016
La referida sentencia anuló el Acuerdo del ICAB de fecha 14/10/2013 de adhesión al «Pacto Nacional por el Derecho a Decidir» (que daba apoyo a la Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir, creada en el seno del Parlamento catalán, con el objetivo de trabajar para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña) por vulneración de los artículos 16.1,20.1 y 22 de la Constitución española.
Dicha Sentencia establece de forma clara que el ICAB no puede posicionarse políticamente, que con dicho comportamiento vulnera derechos fundamentales de sus colegiados. “Muchos colegiados al votar a Gay creyeron que el Colegio iba a ser neutral por fin al ser un Colegio Profesional y de adscripción obligatoria”, indica de Veciana.
Los abogados firmantes creen que los colegios de abogados no deben politizarse en ningún caso. Si fuera así habría que plantearse seriamente la colegiación obligatoria.
Posicionamiento parcial del ICAB
En el citado inscrito se señala que El 20 de septiembre pasado, ante la intervención de la policía judicial en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, desde el Colegio condenaron las entradas y registros, que no dudaron en tildar de “indiscriminados y aleatorio”, alejadas del principio de legalidad y del derecho a la defensa.
Para los firmantes de ese escrito “es bastante discutible el planteamiento jurídico del ICAB respecto a la falta de requisitos legales en los registros llevados a cabo por orden del juez, máxime si se tiene en cuenta que el ICAB no es parte en el procedimiento y, por tanto, ignora el contenido de la instrucción”.
También se hace alusión al planteamiento del Colegio de Abogados de Barcelona sobre los hechos del 1 de octubre. El ICAB el día 2 de octubre denunció “las situaciones de violencia” del día anterior, por lo que suscribió otro comunicado, siguiendo el mismo posicionamiento que los anteriores, mostrando exclusivamente preocupación por la actuación policial.
En dicho escrito se habla también que Jordi Pina, actual vicedecano, en un twit no tuvo empacho en condenar “la violencia policial”, haciendo hincapié en su condición de vicedecano, en lugar de hacerlo a título personal, documentos que adjunta dicho escrito.
Faltan otros pronunciamientos del ICAB en otros temas
En este informe, los abogados firmantes denuncian que el ICAB dejó de hacer otros pronunciamientos en otros temas importantes:
El ICAB, no ha emitido ningún comunicado respecto a los acontecimientos ocurridos en el Pleno del Parlament de 6 y 7 de septiembre, o a las sospechas sobre el tratamiento de datos de los catalanes de manera completamente negligente por parte de la Generalitat, cuando sí que se estaba ante cuestiones jurídicas que sí afectaban a toda la población, fuesen o no partidarios de la independencia.
Obviamente, tampoco se ha hecho comunicado alguno condenando los disturbios y daños intencionados en bienes públicos de la noche del 20 al 21 de septiembre, o respecto al mantenimiento de un simulacro de referéndum, o a las amenazas públicas a políticos.
Para los abogados molestos con el comportamiento de la Junta de Gobierno del ICAB , la respuesta a estos hechos del Colegio se hizo con un correo electrónico tipo . en el que manifiesta, en resumen, que es imposible agradar a todos los colegiados.
“Pero no se trata de agradar o no, sino de que no se extralimite en sus funciones, arrogándose una representatividad de todos los colegiados en ámbitos que afectan a su esfera privada, como es su opción política
Mediación imposible
Otra de las críticas que se hace en ese escrito es la postura tomada por Maria Eugenia Gay liderando una comisión de mediación con otras entidades. Para los firmantes de este escrito denuncia “la decana ha desoído sus compromisos electorales, obligaciones legales, el precedente de la sentencia de 1 de diciembre de 2016, las quejas de numerosos colegiados contrarios a la utilización política del ICAB y, sobre todo, desoyendo su obligación de posicionarse a favor de la legalidad y la Constitución”.
De hecho insisten en que el ICAB no puede ser parte de esa mediación al haber tomado parte, como queda comprobado en las últimas actuaciones del discurso del Presidente del Govern, Puigdemont. “al mismo tiempo otro requisito fundamental d toda mediación es que las dos partes cumplan la misma legalidad”.
Para De Veciana la idea ha sido un error de graves consecuencias “la imagen del ICAB ha quedado asociada, ahora ya de una manera inseparable, a los poderes públicos que han optado por la vulneración de la Constitución y el incumplimiento reiterado de las Resoluciones judiciales, a los miembros del Govern y a los postulados independentistas”.
Los abogados firmantes de este escrito dejan la puerta abierta a reunirse con la decana, Maria Eugenia Gay, aunque consideran que mientras mantenga este viraje del ICAB hacia los postulados del Govern no será sencillo.
“El ICAB debe estar al lado del Estado de Derecho y no dando legitimidad jurídica a quienes atacan a nuestro orden constitucional”, concluyen.
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