El TJUE admite el recurso de plataforma afectados defendida por Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo Abogados por la venta del Popular
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19/10/2017 05:58
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Actualizado: 18/10/2017 18:45
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Entre el medio centenar de recursos aceptados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la venta del Banco Popular el despacho Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, Abogados representa a unos mil afectados por dicha venta en una asociación constituida el pasado mes de junio. La acción conjunta incluye también a los afectados por dicha venta que forman parte de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.
Otros recursos aceptados desde el TJUE fueron los presentados por accionistas significativos como el mexicano Antonio del Valle y el chileno Andrónico Luksic, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la fundación Barrié y su presidente, José María Arias Mosquera. También fueron aceptados el de la Mutualidad de la Abogacía, que ha perdido 54 millones; y el de la Hermandad de Arquitectos. Todas ellas buscan la nulidad del proceso seguido por la Junta Única de Resolución (JUR).
Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, Abogados ha iniciado dos acciones legales relacionadas con el caso. Una de ellas, la que se acaba de admitir a trámite, fue un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, que tendrá que determinar si la liquidación de Banco Popular por un euro y las operaciones de amortización de sus activos se efectuaron de acuerdo con la normativa comunitaria.
En palabras de Ignacio Ferrer-Bonsoms, de Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, Abogados, “La admisión a trámite de este recurso es una buena señal, porque significa que el Tribunal Superior Europeo de Justicia considera que hay indicios de que la venta del Popular pudo no constituir la mejor opción para sus clientes, a los que nosotros representamos. A partir de este momento, la JUR tiene dos meses para contestar a este recurso.”
“Lo que reclamamos es que no hubo información suficiente en la toma de decisión de la adjudicación de la venta al Banco Popular. Pedimos la nulidad de la venta que sabemos es complicada que se vuelva atrás la operación y una compensación a los afectados”. Sobre ellos el perfil es muy diverso, hay accionistas y clientes del banco muchos de ellos han quedado en una situación complicada, “algunos lo perdieron todo”. Sobre el dinero perdido, hay afectados desde 5.000 a un millón de euros”.
Las ventajas de una demanda colectiva “tienen que ver con la economía procesal, facilita el acceso a la justicia y los trámites judiciales. Por otro lado, en el caso de que se perdiera el proceso el pago de las costas se reparte y es menos gravoso para todos. Al mismo tiempo se puede llegar a ajustar los honorarios”.
La asociación se constituyó la primavera pasada con el objeto de defender a todas las personas, (clientes o accionistas), que se consideran perjudicadas por la venta del Banco Popular al Banco Santander. Dicha venta, anunciada el 7 de junio, fue autorizada por una resolución del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), y tuvo como objeto salvaguardar el sistema bancario y resolver la situación crítica en la que se encontraba el Banco Popular desde hacía ya varios años.
Ahora la Junta Unica de Resolución tiene dos meses para contestar este escrito, como entidad demandada antes del pronunciamiento del TJUE. “No esperamos ningún tipo de negociación en este escenario. Luego será el TJUE quien tendrá que opinar. Esperemos que este Alto Tribunal tenga libertad para decidir sin presión”, aclara nuestro interlocutor. Al mismo tiempo el despacho presentó otro recurso a la resolución administrativa del FROB, que ejecutó la resolución del Popular de acuerdo con la normativa europea traspuesta a España.
Para esta asociación de afectados “el propio procedimiento de la JUR decía en un texto que está en ingles que cualquier tipo de operación de este tipo tendría que salvaguardar los intereses de accionistas y consumidores. En este caso como se ha visto, el Banco Popular se vendió de la noche a la mañana y hay más de 300.000 afectados por esta operación financiera. Podría haber vulnerado su Reglamento de actuación”.
El problema de esta cuestión radica en el número de demandas presentadas que representan a un número de afectados importantes, lo que puede generar un coste importante a asumir, bien por la propia JUR, o en un segundo término por el propio Banco Santander, nuevo propietario del Banco.
Este será un aspecto que el TJUE en su fallo, caso de que sea positivo tendrá que aclarar. “Si hay 300.000 afectados por 12.000 euros de media podríamos estar hablando de unos 6 billones de euros”, señala Ignacio Ferrer-Bonsoms. “Será un proceso largo, de al menos un año”, advierte.
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