El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requerirá a la Generalitat de Cataluña que «deje sin efecto» el acuerdo de creación de la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales, que pretende investigar las cargas policiales durante la jornada del referéndum del pasado 1 de octubre. Además, desde el CGPJ se informará a la Fiscalía sobre cualquier injerencia en el trabajo de los jueces.
Según ha informado en un comunicado, el CGPJ fundamenta este requerimiento en que el acuerdo del Gobierno catalán para la creación de la citada Comisión, acordada por el gobierno autonómico de la Generalidad catalana el pasado 2 de octubre y publicada el 10 en el Diari Oficial, es «contrario a la Constitución Española y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas en las que se proclama el principio de independencia judicial».
Además, contraviene «lo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales».
Este requerimiento, es previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado, a la que el pasado día 13 el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, solicitó que ejercitara las acciones legales procedentes.
Además el CGPJ ha acordado instar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que comunique a los jueces y magistrados del territorio que pongan en conocimiento del órgano de gobierno del Poder Judicial «aquellas comunicaciones, requerimientos o solicitudes que se les dirijan por la referida Comisión Especial creada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los efectos oportunos».
Informar a la Fiscalía sobre cualquier injerencia
Además, la Comisión Permanente del CGPJ también ha acordado «poner en conocimiento del Ministerio Fiscal» las actuaciones de la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña creada por la Generalitat «que suponga supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito».
Por otra parte, el Consejo denunciará el acuerdo de la Generalitat ante la Red Europea de Consejos de Justicia «al suponer una muy grave injerencia en la independencia de los jueces y magistrados que sirven en los órganos judiciales de Cataluña» y se dirigirá a la Cumbre Judicial Iberoamericana para poner en conocimiento de los Poderes Judiciales de los países miembros «la gravedad de la situación que se está produciendo en la comunidad autónoma de Cataluña de atentado a la independencia judicial».
Una comisión criticadas por todas las instancias judiciales
Recientemente, los 43 jueces decanos calificaron de “esperpento sobrecogedor” la Comisión sobre violación de derechos catalana, al entender que “carece de toda justificación en nuestra democracia, en cuanto desconoce la sepración de poderes e ignora que los derechos y libertades están reconocidos y garantizados en nuestra Constitución».
Anteriormente, las cuatro asociaciones de jueces y las 3 de fiscales reafirmaron, de forma unánime, su compromiso con la Constitución y la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y calificaron la citada comisión de la Generalitat de “órgano innecesario”, a la que muestran su “rotundo rechazo” porque en el acuerdo de su creación se critica frontalmente al sistema judicial.
El propio Carlos Lesmes pidió la intervención del abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez, para restablecer “el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado” por la
Una Comisión que supone, según Lesmes ‘una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial».
Puesta en conocimiento de instancias internacionales
Asimismo, el CGPJ trasladará los hechos a las instancias internacionales «con relevancia en la salvaguarda del Estado de Derecho y de la independencia judicial» como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, el Secretario General y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, el Comité Consultivo de Jueces Europeos, la Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea o la Red de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión.
Con el mismo objetivo, informará de su acuerdo a las asociaciones judiciales «al objeto de que lo participen a los organismos internacionales en los que intervengan o estén integradas».
Independencia Judicial
Además de las medidas acordadas, la Comisión Permanente proclama «que la independencia del Poder Judicial y el mantenimiento de la confianza pública de los ciudadanos en los jueces y magistrados que lo integran es un valor crucial para el funcionamiento del Estado de Derecho en una democracia constitucional».
La Comisión Permanente concluye que la decisión que se impugna «no tiene más objetivo que generar sospecha sobre la estricta sujeción a la ley y al derecho de los miembros del Poder Judicial en todos los procesos que conocen, creando confusión en la opinión pública y en la percepción internacional sobre el regular funcionamiento de los órganos judiciales en Cataluña»
Por último, la Permanente elevará al Pleno del CGPJ el acuerdo de la Generalitat para que pueda pronunciarse sobre la existencia de la Comisión Especial y la finalidad perseguida en la misma.
