Han tenido que pasar 48 horas y tres rotundos comunicados condenatorios del acuerdo de la Generalitat por el que se creaba una «Comisión especial sobre violación de derechos fundamentales en Cataluña», por parte de asociaciones de jueces y de fiscales, para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se diera por enterado y pidiera la intervención del abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez.
Lesmes ha requerido hoy a López Álvarez para que restablezca «el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado».
Según un comunicado hecho público por la Oficina de Comunicación del CGPJ, Lesmes propondrá «de forma inmediata a la Comisión Permanente la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados, ha dirigido una carta al director de los Servicios Jurídicos del Estado al considerar que el decreto de creación de la Comisión supone ‘una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial‘».
El acuerdo, tomado por el gobierno autonómico de Cataluña el pasado 2 de octubre y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el 10 de octubre, el pasado miércoles, fue conocido por el propio Consejo ese mismo día en que se celebró una Comisión Permanente.
Sin embargo, no se debatió por no estar incluido en el orden del día, dejando así pasar una gran oportunidad para contestar de forma colegiada de la misma manera que se ha hecho hoy de forma individual, por el propio presidente.
JUECES Y FISCALES CONTRA LA COMISIÓN
Ante la inacción del CGPJ durante ese miércoles, se pronunciaron, condenando el acuerdo de creación de la Comisión, primero la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces y Juezas para la Democracia y después la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
Las cuatro exigieron al CGPJ que se pronunciara, en defensa de la independencia judicial y contra la Comisión de la Generalitat.
Hoy por la mañana las asociaciones judiciales y las tres de fiscales (la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) hicieron público un comunicdo conjunto en la misma dirección, reafirmando su compromiso con la Constitución y los derechos fundamentales.
La movilización final de las 7 asociaciones sin duda ha contribuido a que la primera autoridad de la Justicia en España diera el paso que toda la carrera judicial esperaba de él.
«No es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes», añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que «el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales».
LA JUSTICIA, EN TELA DE JUICIO POR LA GENERALITAT
El objetivo de la Comisión creada por la Generalitat es el de investigar la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre en Cataluña.
Según señala el acuerdo para la creación de la Comisión, publicado en Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 10 ésta “permitirá velar porque el sistema judicial sea (…) igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales”.
El presidente del TS y del CGPJ recuerda, en el comunicado, que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, «pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar».
«Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo», concluye Lesmes.
