La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) censuraron ayer a la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales en Cataluña por entender que sus fines pueden entenderse como una injerencia en la independencia judicial. En consecuencia, exigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actué al respecto.
Dicha comisión, según señala el acuerdo para su creación, publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 10 «permitirá velar porque el sistema judicial sea(…) igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales».
La creación de este órgano se justifica, según el citado acuerdo, en los «hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales sufridas por buena parte de la ciudadanía de Cataluña que quería ejercer su derecho a votar de forma pacífica» el pasado 1 de octubre.
Para el portavoz de JJpD, Ignacio González Vega, la creación de este órgano es un «despropósito» porque busca «cierta medida de control» sobre la labor de los jueces que correspondería, en todo caso al Ministerio Fiscal o a los jueces a través de la vía de los recursos. «Resulta una injerencia», según manifestó González Vega, quien cree que el CGPJ debería actuar al respecto.
Más rotundo en su censura fue el portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón, que calificó el acuerdo en el que se fundamenta la creación de este órgano de la Generalitat de «totalmente inadmisible».
Rodríguez Padrón llamó la atención sobre la parte dispositiva del mismo, donde se encarga expresamente que esta Comisión Especial, integrada por asesores jurídicos de la Generalitat, que documente y difunda violaciones de derechos fundamentales «como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad».
Considera Rodríguez Padrón que «bajo ningún concepto» el Poder Judicial puede aceptar dicho tutelaje, que es contrario a la ley.
El propio CGPJ cuenta con sus servicios de inspección para depurar responsabilidades disciplinarias en las que puedan incurrir jueces y magistrados y nunca se entra a valorar sus decisiones jurisdiccionales, que pueden ser objeto de los recursos que prevé la propia ley.
Para el portavoz de la APM resulta «paradójico» que quienes desobedecen las resoluciones judiciales pretendan «tutelar» a quienes desempeñan su función con equidad y conforme a la legalidad vigente. Añade que los jueces no necesitan de ninguna comisión que promueva esas pretendidas aspiraciones y «no aceptarán consejos ni directrices» por parte de asesores jurídicos de ninguna administración, al tratarse de una «rechazable injerencia en la independencia del poder judicial».
Según el acuerdo de creación de esta comisión, esta Comisión nace por la «gravedad y la dimensión» de lo ocurrido durante las cargas policiales del 1-O «exige reunir toda la información posible, analizar hasta qué punto se han violado las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas y adoptar todas las acciones legales para depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que ordenaron estas operaciones, de forma que se impida la existencia de cualquier espacio de impunidad».
El Gobierno de Carles Puigdemont señala que esta labor la llevará a cabo esta Comisión especial, que estará integrada por «expertos externos al Gobierno y por miembros de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad».
