La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la Foro Judicial Independiente (FJI) se han unido a la censura, expresada el miércoles por sus compañeros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), y exigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haga una declaración pública, contundente y condenatoria sobre la creación de la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales en Cataluña, decidida por la Generalidad catalana por «suponer una injerencia clara y manifiesta en la independencia del poder judicial de España».
«El CGPJ no puede permanecer callado ante este atropello. Una de las razones fundamentales por las que fue creado en 1980 fue esta, precisamente: la defensa de la independencia del poder judicial frente a cualquier tipo de injerencia. En estos momentos no hay ninguna razón para que permanezca callado. El Consejo debe hablar claro y algo. No cabe el silencio. Los 5.500 hombres y mujeres que componemos la carrera judicial esperamos que lo haga, cuanto antes», explicaron el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, y la presidenta de la Comisión Gestora, Concepción Rodríguez, ambos magistrados.
Ambos se mostraron perplejos de que la Comisión Permanente del CGPJ, que se reunió el pasado miércoles, no abordara este asunto, máxime cuando ya conocían el documento porque lo habían hecho llegar a sus miembros.
La razón es que no había sido incluido en el orden del día, fijado con anterioridad, por la citada Comisión, por lo que se dejó fuera.
La gravedad del hecho, en opinión de ambas asociaciones, requería una respuesta apropiada y contundente por parte del Consejo, aunque fuera excepcional, que se dejó pasar.
Las dos asociaciones señalan el párrafo quinto del Acuerdo tomado por el gobierno autonómico catalán el 2 de octubre -al día siguiente de la celebración del referéndum ilegal- y hecho público el 10 de octubre, el día de la proclamación de Cataluña, por parte del presidente, Carles Puigdemont, como república independiente, ocurrida la tarde de ese día.
«La tarea de la Comisión permitirá velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente, y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales», se puede leer en el acuerdo tomado.
INVESTIGAR A POLICÍA, GUARDIA CIVIL Y A LA PROPIA JUSTICIA
La mencionada «Comisión» tiene el objetivo específico de «investigar» las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil el día en que se celebró «el referéndum de autodeterminación, celebrado el 1 de octubre de 2017”.
«Nuestra Asociación está perpleja ante la posible creación de una Comisión, a todas luces, antijurídica y nada independiente», explica Prado, el portavoz de la Francisco de Vitoria. «El gobierno autonómico catalán se ha arrogado competencias que no puede tener», añade.
Más tarde la Francisco de Vitoria hizo público un comunicado oficial en el que abundaba en esa línea: «Mucho nos tememos que esta Comisión no sea sólo, que lo será, un despilfarro inútil sino una ofensa a los derechos fundamentales que dice querer proteger, que sólo corresponden a las personas afectadas y que únicamente podrá amparar de manera fiable una Institución independiente, nunca una iniciativa que parece seguir la lógica del juego infantil ‘vamos a contar mentiras’, y no sobra subrayar que quienes la promueven son autoridades que conscientemente han decidido no respetar nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía del Cataluña y el Reglamento del Parlament, que son los sustentos legales de su poder. Y por no respetar tampoco sus mismas Leyes, suspendidas por el Tribunal Constitucional».
Rodríguez, la presidenta de la Comisión Gestora de FJI, hizo especial hincapié en la trascendencia del documento aprobado por el gobierno de la Generalidad: «Permitir que se cree una Comisión como esa, que pone en tela de juicio el trabajo que hacemos los jueces todos los días es inadmisible. Una Comisión que documente y difunda las supuestas violaciones de derechos fundamentales ‘como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad’, como dice el texto, es inadmisible. El Consejo tiene, debe contestar. De otra forma, su credibilidad será cero ante todos nosotros».
