A pesar de que la anormalidad española parece haber adquirido visos de «normalidad», después de 5 años y 5 meses con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin ser renovado, desde fuera de nuestras fronteras se suceden los llamamientos para acabar con ello mediante el acuerdo entre las fuerzas políticas.
Aunque no las nombra directamente –PSOE y PP, porque el resto del arco parlamentario es irrelevante al no sumar los votos necesarios–, la European Association of Judges (EAJ) o Asociación Europea de Jueces, ha hecho una declaración pública suscribiendo la que hizo su presidente, Mikael Sjoberg junto a la presidenta del Consejo Ejecutivo de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, Dalia Vasarienė el 2 de abril pasado.
En la misma, instaban «a todos los partidos políticos en España a incrementar sus esfuerzos para resolver el estancamiento parlamentario y garantizar el restablecimiento de un Consejo del Poder Judicial en pleno funcionamiento con sus jueces elegidos por sus colegas jueces».
La European Association of Judges forma parte de la International Association of Judges (IAJ) –Unión Internacional de Magistrados en español–. Esta es considerada una de las organizaciones más importantes y prestigiosas a nivel mundial en términos de representación judicial ya que en su seno están representadas asociaciones nacionales de jueces de aproximadamente 90 países, entre ellas la española, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en España.
REUNIÓN DE VARSOVIA
La EAJ ha respondido sobre el caso español del CGPJ de esta manera en su última reunión, celebrada en Varsovia el pasado 26 de abril, en la que fue informada por los representantes de la APM.
En su declaración, la EAJ suscribe el desajuste provocado por la decisión del Parlamento español de marzo de 2021 de prohibir que un CGPJ en funciones como el actual pueda hacer nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo una vez que se producen vacantes, afectando a la producción de este órgano judicial y, por lo tanto, a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, retrasando sine die una respuesta a sus demandas.
«Esto es especialmente perjudicial en el Tribunal Supremo, donde actualmente existe un número importante de vacantes que no pueden cubrirse y que obstaculiza y
retrasa al Tribunal en el desempeño de su labor judicial. Aunque la Comisión Europea en sus Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023 llamó la atención sobre el problema e instó a las autoridades españolas a remediar la situación, no se han tomado medidas al respecto», recuerda la EAJ.
Esta asociación de jueces europeos también aboga en su declaración por que los 12 vocales jueces –de los 20 que conforman el CGPJ– sean elegidos por los 5.500 miembros de la carrera judicial de España en vez de por el Congreso y el Senado.
Y menciona que tanto Tribunal de Justicia de la Unión Europea como varios organismos europeos se han pronunciado en esa línea.
Sobre el «lawfare», la EAJ se posiciona también en contra.
Recuerda que tras las recientes elecciones en España, los partidos en el poder acordaron dos medidas: ofrecer amnistía a quienes buscaron la independencia de Cataluña y enfrentan cargos penales, y establecer investigaciones parlamentarias sobre las decisiones judiciales en estos casos, incluyendo acusaciones de motivaciones políticas en las sentencias, conocido como «lawfare».
La EAJ declara que es inaceptable que los jueces deban justificar sus decisiones ante otras ramas del gobierno, pues esto compromete su independencia. Afirma que las decisiones judiciales erróneas deben corregirse por apelación y las faltas solo mediante procedimientos disciplinarios o penales.
Además, insta a las autoridades españolas a respetar la separación de poderes y cesar las críticas públicas y acusaciones de «lawfare» contra jueces.
