El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha puesto fecha a su dimisión. Será «en agosto para irse tranquilo».
Lo ha hecho este jueves en un desayuno informativo en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) al considerar que no tiene sentido mantenerse en el cargo si no ha conseguido una solución a esta situación de bloqueo que tiene lugar desde hace más de cinco años.
«Vine para buscar fórmulas y solventar el problema, pero no he tenido un papel excesivamente relevante. Mi idea sigue siendo la misma, dejar paso a otras personas a ver si consiguen lo que yo no he conseguido hasta la fecha».
Para Guilarte, ser presidente del CGPJ es un honor y una responsabilidad, y por ello cree que estar en la cúspide de un cuerpo tan importante es para «estar por algo».
No obstante, ha criticado que se exija constantemente la dimisión de los vocales, y más en grupo. “Es un absoluto disparate” porque no son ellos los que tienen que marcharse.
Los que tienen que dimitir son los diputados y senadores, dice Guilarte
Guilarte ha comentado que lo que tienen que hacer aquellos que piden estas dimisiones grupales es ir a cuestionar a quienes no alcanzan el acuerdo. Es decir, a los diputados y senadores, y no a ellos. Pues «alguien tiene que seguir defendiendo la independencia del Poder Judicial y los intereses que se defienden en el Consejo» porque no son los causantes de la no renovación.
Aunque eso sí, en el caso de que eso ocurriese, confía en que se lleve a cabo la negociación antes de la dimisión para que dejen «esto arreglado».
Por otro lado, el presidente interino ha resaltado que lo que ha fallado para llegar a esta situación de un CGPJ «prorrogado, que no caducado» ha sido la política en términos generales. Es más, ha explicado que si la renovación se hubiese producido hace cinco años, el sistema de elección de vocales «podría seguir funcionado». Algo que no sería posible a día de hoy porque «la polarización de la política nos ha invadido».
Es más, Guilarte ha aprovechado el desayuno e el ICAM para criticar la manera en la que tanto el PP como el PSOE están negociando.
«Me da igual que partido sea el culpable, no voy a entrar en ese debate. Pero lo que se percibe es que, a día de hoy, están más atentos en culpabilizar al otro que en buscar una fórmula de entendimiento. Dos no riñen si uno no quiere, y nos han situado en una posición muy desagradable institucionalmente», ha recalcado.
Asimismo, espera que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, encare la negociación y arregle el problema. Pero tiene la sensación de que, cada vez que se reúnen, se cuentan cada uno lo suyo y no pasa nada. «A día de hoy no conocemos si han avanzado».
La propuesta de Podemos es una «aberración»: compara la ley con las de la dictadura
La propuesta de Podemos registrada el pasado 30 de abril para que el Congreso nombre a 16 vocales del CGPJ también ha sido un tema que ha salido a la luz durante el coloquio. Y ha vuelto a cargar contra ella al repetir que es «una aberración».
«El PSOE no puede ni tomarla en serio porque sería destrozar la separación de poderes. Es un disparate, no hay que pensarlo ni en broma, somos un estado democrático y no lo podemos permitir».
Y ha comparado esta propuesta con las leyes de la dictadura porque supondría unificar en un único poder todos los poderes del Estado.
Por su parte, Eugenio Ribón, decano de ICAM, ha recordado que la situación es crítica al afectar a las bases de nuestro sistema judicial al amenazar su esencia.
«La organización en la toma de decisiones también se ha vuelto un problema palpable, y con ello las demoras en las resoluciones. Un bloqueo prolongado como este trae consigo una desestabilización de la dinámica interna».
Ribón también ha hecho hincapié en que la parálisis de los nombramientos está frenando los derechos laborales y las aspiraciones profesionales de jueces y magistrados. «Ello afecta a la motivación y a la calidad del sistema judicial».
«El ICAM cree firmemente en la necesidad de renovar de forma inmediata el organismo de los jueces hacia un sistema más transparente, más eficiente y menos influenciable de políticas externas».
