La abogacía vive un tiempo de transformación profunda. No solo cambian las herramientas con las que trabajamos, los procedimientos, los modelos de negocio o las formas de relación con la Administración de Justicia.
Cambia también el entorno en el que se ejerce la defensa: más digital, más exigente, más expuesto y, en demasiadas ocasiones, más tensionado.
Ante este escenario, los colegios profesionales no pueden limitarse a gestionar servicios. Deben ejercer una función institucional activa: proteger las garantías, acompañar a quienes ejercen y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Esta convicción ha guiado la actuación del ICAM durante 2025, como refleja la Memoria anual que acabamos de presentar.
Poner a los colegiados y colegiadas en el centro no es una consigna corporativa; es una condición necesaria para que la ciudadanía tenga una defensa efectiva.
Cada vez que se mejora el Turno de Oficio, se protege el secreto profesional, se facilita la conciliación, se forma a la abogacía ante los nuevos desafíos tecnológicos o se exige una Justicia Digital garantista, no se defiende solo a una profesión. Se defiende el derecho de defensa de todos.
La modernización de la Justicia es imprescindible, pero no puede hacerse a costa de las garantías. La digitalización debe servir para agilizar, simplificar y acercar la Justicia, no para generar nuevas formas de indefensión.
El acceso completo y fiable al expediente judicial electrónico, la trazabilidad documental, la igualdad de armas y la seguridad de las comunicaciones no son cuestiones técnicas menores: son presupuestos esenciales del proceso debido.
Por eso la abogacía debe estar presente en el diseño, evaluación y corrección de cualquier reforma que afecte al ejercicio profesional. Sin la mirada de quienes defienden cada día en juzgados y tribunales, la modernización corre el riesgo de olvidar su finalidad última: hacer justicia.
Inteligencia Artificial
Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Su impacto sobre la profesión jurídica ya no pertenece al futuro.
Está aquí. Puede mejorar la eficiencia, ampliar capacidades y facilitar el acceso al conocimiento jurídico, pero también plantea riesgos sobre la confidencialidad, la responsabilidad profesional, la calidad del asesoramiento y la protección del derecho de defensa.
La respuesta no puede ser ni el rechazo acrítico ni la fascinación tecnológica. Debe ser una integración responsable, ética y jurídicamente segura.
La abogacía tiene que liderar este debate, no llegar tarde a él. Por eso desde hace ya un año lanzamos el primer documento publicado con directrices concretas en este ámbito.
En paralelo, hay garantías clásicas que hoy requieren una defensa renovada. El secreto profesional es una de ellas. No es un privilegio del abogado, sino un derecho del ciudadano.
Sin confidencialidad no hay confianza; sin confianza no hay defensa; y sin defensa no hay Estado de Derecho digno de tal nombre. Cualquier debilitamiento del secreto profesional afecta directamente a la calidad democrática de nuestro sistema. Defenderlo con firmeza, cueste lo que cueste, es defender la libertad de todos.
Presión creciente sobre la abogacía
También debemos hablar de las condiciones reales en las que se ejerce la profesión. La abogacía soporta una presión creciente: plazos, señalamientos, disponibilidad permanente, incertidumbre normativa, carga emocional y, en determinados ámbitos, incluso amenazas o situaciones de riesgo.
La conciliación, el bienestar y la salud mental no pueden seguir considerándose asuntos periféricos. Forman parte de una agenda imprescindible para garantizar un ejercicio profesional digno, sostenible y compatible con la vida personal.
Una abogacía agotada, precarizada o desprotegida difícilmente podrá prestar el mejor servicio a la ciudadanía.
En este punto, el Turno de Oficio merece una reflexión específica. La justicia gratuita es uno de los pilares sociales del Estado de Derecho, pero su sostenibilidad no puede descansar indefinidamente sobre la vocación de miles de letrados y letradas.
Mejorar sus condiciones, reforzar su protección, reconocer su función y dotarlo de medios adecuados no es una reivindicación sectorial: es una exigencia democrática.
Cuando el Turno de Oficio se debilita, quienes pierden son los ciudadanos más vulnerables.
Abogacía joven
La misma lógica debe aplicarse a la abogacía joven. Acompañar a quienes inician su carrera, facilitar formación, orientación, emprendimiento y espacios de participación no es una política generacional aislada.
Es una inversión en la calidad futura del servicio jurídico. La profesión necesita talento joven, pero también necesita ofrecerle condiciones reales para desarrollarse con independencia, solvencia y compromiso ético.
Durante 2025, el ICAM ha impulsado iniciativas en todas estas direcciones: el Plan Cuota Cero, para que la cuota colegial retorne en formación y conocimiento; nuevas herramientas de apoyo profesional; acciones de defensa ante la Justicia Digital y la Ley Orgánica 1/2025; mejoras vinculadas al Turno de Oficio; programas de bienestar; impulso a la conciliación; defensa del secreto profesional; fortalecimiento de la formación; apoyo a la abogacía joven; y una presencia institucional más activa en defensa del Estado de Derecho.
Pero lo relevante no es la enumeración de medidas, sino el principio que las conecta: un colegio debe estar donde están los problemas reales de sus colegiados y donde se juegan las garantías de la ciudadanía.
La comunidad jurídica afronta retos que exceden a cualquier institución por separado. Reformas procesales, digitalización, inteligencia artificial, independencia judicial, secreto profesional, acceso a la justicia, seguridad jurídica, igualdad, conciliación y confianza ciudadana en las instituciones forman parte de una misma conversación.
Esa conversación exige altura de miras, cooperación y sentido institucional.
La abogacía no puede ser espectadora de los cambios que afectan al derecho de defensa. Debe ser protagonista. Y los colegios profesionales tenemos la responsabilidad de articular esa voz colectiva con rigor, independencia y vocación de servicio público.
Poner a los colegiados y colegiadas en el centro no significa mirar hacia dentro. Significa entender que, cuanto más fuerte, formada, protegida e independiente sea la abogacía, mejor defendida estará la sociedad.
