En lo que parece ser una pirueta triple mortal en el aire, Puigdemont ha optado por el relato victimista de Cataluña como pueblo oprimido y se ha descolgado hoy con el anuncio oficial de la creación de una Comisión especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña para investigar los que «se hayan producido» con motivo «del referéndum de autodeterminación, celebrado el 1 de octubre de 2017».
El acuerdo, tomado el 2 de octubre pasado por su gobierno autonómico, se ha mantenido en secreto hasta el día de hoy para que coincidiera con la esperada declaración unilateral de independencia.
Ha sido pubicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y aparece rubricado por Victor Cullell i Comellas, secretario de Gobierno.
«Esta Comisión especial tiene por objeto documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña, como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos», dice el mencionado acuerdo, en un relato que pretende asimilar al Estado español con un estado opresor.
Con la publicación de este acuerdo, Puigdemont ahonda en su rebeldía a la Constitución y al Estatuto y opta por la confrontación directa con el Gobierno de España, con la vista puesta en internacionalizar el conflicto creado por él y las fuerzas separatistas de Junts pel Sí y la CUP para forzar a negociar al Gobierno al margen de la Constitución.
«El Gobierno de la Generalidad emprenderá las acciones legales, incluyendo las instancias internacionales», continúa el acuerdo.
Asimismo, «se personará como acusación particular en los procesos penales correspondientes. También ofrecerá la cobertura que se considere necesaria para aclarar los hechos y depurar las responsabilidades en que se haya podido incurrir, tanto ante los tribunales como ante otros organismos», se puede leer a continuación.
¿Y quién formará la Comisión?
El acuerdo del ejecutivo autonómico dice que «estará integrada por expertos externos al Gobierno, de ámbito catalán, estatal, europeo e internacional, y por miembros de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad». Un intento claro de internacionalizar el conflicto en lo que se refiere a expertos de ámbito «europeo e internacional».
«Las personas integrantes de la Comisión serán designadas por el Gobierno, a propuesta de los departamentos proponentes, entre académicos, profesionales, representantes de entidades civiles y responsables de organismos competentes en el ámbito de los derechos humanos y del ámbito del derecho u otras ciencias sociales que tengan por objeto el análisis del respeto a las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas», concluye el acuerdo.
