La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano decisorio entre cada pleno mensual, aprobó ayer, por unanimidad, una declaración institucional en la que defiende de la decisión de la magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, de encarcelar preventivamente a los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición.
Sus decisiones, afirman los 8 componentes de la Permanente -compuesta por el presidente del órgano y 7 vocales-, “responden exclusivamente a los motivos recogidos en la propia resolución».
Por ello, exigen a todos el máximo respeto «a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad».
Esta es su respuesta a «las reiteradas manifestaciones por parte de responsables públicos» criticando su decisión y opinando que el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart obedece a motivos políticos y, por ello, son «presos políticos».
La Permanente recuerda que los «jueces y tribunales actúan con estricta sujeción a la ley y al Derecho en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad».
LOS JUECES SON INDEPENDIENTES
Y plantean abiertamente que «quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial manifiesta a la opinión pública y, en particular, a la sociedad catalana que pueden sentirse orgullosas y confiadas en el modelo constitucional de garantías y libertades de España y de la independencia de sus jueces y magistrados”.
«Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho», afirman.
Horas antes, las cuatro asociaciones de jueces (la Asociación Profesional de la Magistratura -APM-, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria -AJFV-, Juezas y Jueces para la Democracia -JJpD- y Foro Judicial Independiente -FJI-)., se pronunciaron en la misma dirección, defendiendo la independencia e imparcialidad de los jueces ante las decisiones adoptadas por la magistrada Lamela.
Frente a las críticas, los jueces quieren dejar muy claro que “en nuestro sistema judicial cualquier persona privada de libertad ha de estarlo con arreglo a derecho, estando excluidos los presos por razón de sus creencias o ideas políticas”. Por ello, “bajo ningún concepto se puede hablar, pues, de “presos políticos””.
