La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este martes el juicio contra dos ex agentes de la Guardia Civil, así como a una tercera persona, acusados de filtrar información clasificada y secreta a diversos grupos criminales, entre ellos organizaciones que se dedicaban al narcotráfico. Los acusados se enfrenta a penas que suman hasta 30 años de cárcel.
La Fiscalía de Pontevedra solicita once años y medio de prisión para los dos guardias civiles, adscritos a la comandancia de Pontevedra, que se sientan en el banquillo de los acusados por un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público exige que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce.
Los acusados son Javier L.P., que en el momento de los ellos formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia; y Diego F. C., destinado a la sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial y que compartía dependencias con la unidad ECO, algo que, recoge el fiscal en su escrito de acusación, le permitía acceder a sus equipos.
Junto a ellos será juzgado Juan Carlos S.N., un vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra), vinculado «policialmente» al narcotráfico, según el fiscal, que era el encargado de actuar como enlace con los agentes y que se enfrenta a una condena de siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de integración en grupo criminal.
Los tres formaban parte, explica el fiscal antidroga, de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales de las investigaciones de la Guardia Civil para su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones.
En concreto, según señala el Ministerio público en su escrito de acusación, este grupo operó «de forma estable y continuada» de febrero a julio de 2013, cuando se produjo la detención de sus integrantes. Durante se tiempo, lo tres imputados operaban de forma «organizada y coordinada» y «conscientes de la ilegalidad de sus comportamientos».
Los dos agentes se apoderaron de información «sensible» o datos «reservados» procedentes de investigaciones secretas, haciendo llegar fotografías, documentos clasificados, archivos informáticos, datos de vehículos camuflados, el nombre de confidentes o información judicial a investigadas por sus actividades relacionadas con el narcotráfico.
El día en el que fue detenido, Javier L.S. se había apoderado de una base de datos en la que se incluían los datos personales de los miembros del ECO Galicia, información que no llegó a ser difundida al ser interceptado cuando salía de la Comandancia de Pontevedra.
En ordenadores y otros dispositivos, propiedad de los dos agentes, se llegaron a localizar más de 500 archivos y 2.000 documentos de investigaciones de la unidad contra el crimen organizado de la Guardia Civil, la mayoría de ellas judicializadas o declaradas secretas.
La Fiscalía explica que, gracias a la información que los agentes entregaban a Juan Carlos S.N. y que éste facilitaba posteriormente a diversas organizaciones criminales, se frustraron varias operaciones policiales.
Entre ellas, el fiscal cita un envío de unos mil kilos de cocaína a través de varios puertos españoles, el seguimiento a un narcotraficante de Vilagarcía de Arousa o las operaciones bautizadas como «Azúcar amargo» y «Jaula«, dirigidas por juzgados de Vigo y Cambados.
Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se les imputa a los acusados delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos, encubrimiento y delito contra la intimidad.
