Los jueces catalanes aseguran que solo se aplicará la Constitución y el Estatut
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29/10/2017 06:00
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Actualizado: 21/12/2017 11:17
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Las cuatro asociaciones de jueces de Cataluña afirman que la «única legislación» que se aplicará en Cataluña será la que deriva de la Constitución y el Estatut de Autonomía, y han garantizado que cualquier norma dictada «ilegítimamente» fuera de este marco tendrá una «absoluta ineficacia».
Así lo aseguran en un comunicado conjunto las cuatro asociaciones de jueces de Cataluña, donde recuerdan que la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya advirtió el pasado 10 de octubre que solo la Constitución puede ser fuente de derecho, por lo que «ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia» pueden tener efectos jurídicos.
En esa ocasión, la citada Sala de Gobierno también señalaba «la necesaria obediencia a la ley que nace y se funda en el sistema constitucional, en sus valores y en los derechos y libertades que garantiza, es lo que nos permite a todos y a todas reconocernos como miembros iguales de una comunidad política plural comprometida con la paz y el progreso».
Algo que comparten las secciones catalanas de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Victoria (AJFV), de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y del Foro Judicial Independiente (FJI).
Por ello, las asociaciones «ante el grave ataque al orden constitucional que implica la declaración aprobada en el Parlament de Catalunya sobre la proclamación de una república independiente y la aplicación de una ley suspendida por el Tribunal Constitucional«, insisten en que «Los ciudadanos deben tener la certeza que la única legislación que será aplicada en Cataluña es la que deriva de la Constitución y del Estatut de Autonomía».
En su escrito, las asociaciones de jueces remarcan que «los jueces tienen el deber constitucional de asegurar la tutela efectiva de los derechos de todos los ciudadanos».
«Seremos los garantes de la seguridad jurídica que la Constitución proclama y de la absoluta ineficacia de las normas dictadas ilegítimamente fuera del marco constitucional y estatutario», afirman.
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