El titular del Juzgado número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha pedido a la Generalitat de Cataluña para que le informe del coste económico del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre, según consta en el sumario.
El juez atiende así la petición de la Guardia Civil, que le había solicitado el pasado 24 de octubre que emitiera un mandato judicial para que la Generalitat informase al Juzgado de los gastos que originó el referéndum al erario público, detallando las partidas y las Consejerías en las que se imputaban y especificando el pago de informes, publicidad, material electoral, webs y gastos informáticos, observadores y actos.
En concreto pedían que se informara sobre el pago de informes previos a la celebración del citado referéndum; de la publicidad en los medios de comunicación, los pagos para la creación de los distintos eslóganes relacionados con el referéndum y el pago de su difusión en los distintos medios TV, Radio y prensa.
Además, solicitan el coste del material electoral, en concreto de las urnas, papeletas, sobres, gastos de envío del llamado censo electoral realizado al menos por Unipost, etc.
También piden la información de los gastos relacionados con las distintas webs creadas con el fin de difundir el referéndum y el coste de aquellos medios informáticos para la emisión, escrutinio de los votos, así como aquellos dispositivos electrónicos adquiridos para la verificación de los votos emitidos con el censo disponible.
A esta petición se añade la de los costes relacionados con el traslado y la estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum.
La Guardia Civil también quiere conocer el pago de los actos de apertura de la campaña del referéndum en el local denominado Tarraco Arena, así como del acto de clausura en la Font Mágica del Montjuic. Además, reclama el coste del personas que se ha empleado en llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre.
Finalmente, quiere que se detalle en qué partida presupuestaria se ha incluido el gasto y a qué Consejería van a repercutir el mismo.
Hacienda pide un informe al Tribunal de Cuentas
Paralelamente, el Ministerio de Hacienda ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en el referéndum citado.
Hacienda quiere que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.
Piden aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes «las indemnizaciones procedentes» tras el correspondiente «procedimiento de responsabilidad contable».
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó a la prensa que, durante el tiempo en que su departamento ha estado controlando el presupuesto catalán, no figura ninguna partida directa destinada a esa consulta. (CONFILEGAL/EP)
