«El premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción que la Abogacía Española y Transparencia Internacional han concedido al Consejo General del Poder Judicial no es una buena noticia. Porque no son transparentes, en absoluto, en algo tan importante y crucial como son los nombramientos discrecionales», afirma Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) y decano de los Juzgados de Guadalajara.
«Es cierto que, en otros aspectos, sí han introducido un cierto grado de transparencia. Y gracias a ello, la Plataforma ha podido realizar los estudios sobre esos nombramientos que nos han permitido concluir que dichos nombramientos se realizan con una absoluta opacidad. Y que se explican con una motivación estereotipada en la que no tiene nada que ver el mérito y capacidad, del que hacen tanta publicidad», añade Villegas.
«¿Si esto no es una paradoja, que gracias a esa ‘transparencia’ tengamos constancia fehaciente de que esto así es así? Pues claro que es una paradoja. El CGPJ ha abierto un poco la puerta y, en esto, nos hemos encontrado tinieblas, telarañas y roedores», remacha el secretario general de la PCIJ, quien también recuerda la investigación inquisitorial llevada a cabo por el Consejo contra el portavoz de la Plataforma, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, por financiar de su propio bolsillo los debates jurídicos universitarios.
«Y fue inquisitorial porque no se puede definir de otra forma más precisa y clara y en la que la transparencia, a efectos de nuestro portavoz, dejó mucho que desear», concluyó.
PREMIO AL GRUPO DE TRANSPARENCIA DEL CGPJ
El jurado, según una nota de prensa del Consejo, ha valorado, para conceder este premio, el trabajo del Grupo de Transparencia del CGPJ, coordinado por la vocal Mar Cabrejas, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación del órgano de gobierno de los jueces y su apoyo a la lucha contra la corrupción en España en el ámbito de sus competencias.
La política de transparencia del CGPJ, apunta el Consejo, ha sido reconocida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público que tiene como función la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y que el pasado 19 de abril hizo público el primer Ranking Oficial de Transparencia tras los trabajos de evaluación, seguimiento y control realizados para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos constitucionales y de relevancia constitucional, así como de los organismos independientes.
El órgano de gobierno de los jueces lideró ese ranking al obtener la mejor calificación en cuanto a cumplimiento de información voluntaria –con 9,29 puntos sobre 10- y situarse en segundo lugar en el apartado de transparencia obligatoria, con 9,70 puntos.
Los integrantes del jurado han sido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega; el presidente de Transparencia Internacional-España, Jesús Lizcano; el expresidente del CGAE Carlos Carnicer; la abogada y miembro del patronato de la Fundación Abogacía, Milagros Fuentes; la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo y el periodista de El País Juan José Mateo.
