Siete expresos políticos de la época franquista han arremetido contra Carlos Puigdemont y sus exconsejeros y la «campaña de desprestigio» que han orquestada contra España al manifestar que los exconsejeros y presidentes de ANC y Ómnium Cultural, encarcelados, son «presos políticos».
«En España no existen presos políticos, ni nadie se ve obligado a expatriarse como consecuencia de una supuesta persecución política ejercida por el Estado o por los jueces», reitera el documento suscrito por Eduardo «Teo» Uriarte, José María Zubiaga, Iñaki Viar, Rafael Simón, Luís María Igartua, Javier Elorrieta y Luís Emaldi, los cuales se reivindican como los «últimos presos o exiliados políticos de un país de la Europa no comunista».
El primero de los firmantes, el exmiembro de ETA, «Teo» Uriarte, fue condenado a muerte por la justicia franquista en 1970 en el marco del conocido como Proceso de Burgos.
La misiva apunta a que Puigdemont y sus exconsejeros se han servido de medios ilegales y de las arcas del Estado para sus objetivos secesionistas y les acusan de subvertir el orden y crear un nuevo orden político en España «amparándose en las prerrogativas que les concedió el Estado democrático».
«Nuestra Constitución define a nuestra Nación como un Estado de Derecho y garantiza que nadie pueda ser perseguido por motivos ideológicos, políticos y religiosos», indica el grupo de ex presos políticos, que reiteran que en España se cumplen todas las condiciones para la expresión de cualquier ideología «moralmente legítima», y están «garantizadas las vías democráticas para la consecución de cualquier objetivo, político, económico y social compatible con la Libertad y la Justicia».
Los siete expresos políticos españoles destacan que sus acciones se basaron en negar el autoritarismo del régimen franquista y en reivindicar un sistema de libertades para España, entendiendo que su lucha buscaba objetivos semejantes a las condiciones de la Europa democrática de entonces.
«Luchamos entonces por causas distintas, pero todas ellas gozaban de libertad de expresión en la Europa democrática de aquellos años, y todas coincidían en negar el autoritarismo del régimen franquista y en reivindicar un sistema de libertades para España», asegura el documento.
Y realizan una defensa del texto constitucional de 1978, asegurando que el ordenamiento político que instauró supuso una «garantía de libertad y convivencia», y la «fórmula que ha permitido acabar con el secular enfrentamiento entre españoles». EP.
