El Congreso de los Diputados aprobará este jueves la reforma legal impulsada por el PP para ampliar el plazo de digitalización de la Fiscalía para garantizar los actos de comunicación realizados al Ministerio Público.
La iniciativa, que fue tomada en consideración por la Cámara este mismo martes y que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y en lectura única, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de modernizar la Justicia de forma «ágil y con seguridad jurídica».
En el Pleno del martes, la portavoz de la Justicia del PP, María Jesús Moro, explicó que la modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es necesaria para habilitar «un poco más tiempo», hasta el 1 de enero de 2021, para que la Fiscalía cuente con los «instrumentos necesarios para desarrollar con éxito y seguridad» su digitalización.
Una prórroga que debe hacerse efectiva por las «singularidades del Ministerio Fiscal en la tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene el fiscal, así como en las derivadas de su despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación», precisó Moro.
Recordó además que desde el 1 de enero de 2016, gracias a la implantación generalizada de las comunicaciones electrónicas en la oficina judicial, se han remitido más de 150 millones de mensajes entre juzgados y profesionales de forma telemática.
Por último Moro, aseguró que “La justicia lo agradecerá, el impulso y desarrollo del plan de modernización será más claro y se podrá hacer en el tiempo adecuado y con los medios y la seguridad que necesita el trabajo de nuestra fiscalía”.
Un ejercicio de responsabilidad
Por su parte, el portavoz de Justicia de los socialistas, Juan Carlos Campo, ha apremiado al Gobierno para que deje de «procrastinar» en materia de «justicia digital» y cree que la ampliación debe acortarse hasta el 1 de enero de 2020, según la enmienda presentada a la proposición de ley del PP.
«Un Gobierno que sigue a pies juntillas la manera de hacer política de su líder Mariano Rajoy, dejar que el partido se resuelva por sí solo para después en el último minuto buscar la prórroga», ha aseverado Juan Carlos Campo.
También ha criticado que «hayan transcurrido dos años sin que el Gobierno haya adoptado las medidas necesarias para la implementación de esta medida, siendo grave que una institución de la importancia de la Fiscalía siga sin afrontar su modernización tecnológica, a pesar del mandato legal de 2003 que exige que el Ministerio Fiscal cuente con un sistema de información y una red de comunicaciones electrónicas plenamente integrados definida y gestionada por la Fiscalía General del Estado».
Y en este sentido, el diputado socialista ha recordado «que el pasado 26 de octubre, el Consejo Fiscal exigió al Ministerio la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia, “en tanto no existe un único sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones”.
Pese a las críticas, el diputado del PSOE justificó el voto favorable a la moratoria del plazo por «un ejercicio de responsabilidad hacia el buen funcionamiento de los operadores jurídicos y en especial de la Fiscalía» y para evitar un «nuevo caos e inseguridad jurídica».
Facilitar el retraso de la adaptación digital
Por otro lado, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem, En Marea y PNV también reconocen la necesidad de ampliar el plazo, pero prefieren que la prórroga sea sólo hasta el 1 de enero de 2019, es decir, un año más de lo que prevé la legislación vigente. Por ello, ha presentado sendas enmiendas en el mismo sentido.
«Ampliar ahora ese plazo en otros tres años sería una forma de facilitar que la adaptación digital de la Fiscalía vuelva a retrasarse, en tanto no se incentiva una rápida adaptación sino todo los contrario», destaca la enmienda de Unidos Podemos. (CONFILEGAL/EP)
