Jesús Sánchez Lambás es socio director del despacho A25 Abogados y Economistas.
Jesús Sánchez Lambás: «La remunicipalización da la espalda a la modernidad»
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11/12/2017 06:15
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Actualizado: 16/4/2018 16:53
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Jesús Sánchez Lambás es socio director del despacho A25 Abogados y Economistas y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón. Jurista, con más de 35 años de experiencia, ha compatibilizado el ejercicio de la abogacía tanto en el sector público como en el privado, especialmente en el mundo empresarial.
Sánchez Lambás conoce en profundidad el movimiento remunicipalizador que, desde partidos populistas, como Podemos, se impulsa, los cuales propugnan la recuperación de los servicios externos, hoy contratados con empresas privadas mediante concursos públicos, para que sean gestionados por empleados municipales.
«La modernidad está hoy en sistemas de cooperación entre ayuntamientos y empresas privadas para la prestación de servicios públicos. La remunicipalización -técnicamente llamada internalización de los servicios públicos- da la espalda a la modernidad, de forma clara», afirma Sánchez Lambas.
De acuerdo con el abogado, «en el fondo es una idea marxista, de raíz trostkista. Pretenden que el Estado lo haga todo. Pretenden un aparato del Estado muy grande, como si en el Estado no hubiese corrupción, como si en el Estado predominara siempre el interés general».
Para Sánchez Lambás, el Estado moderno tiene que ser ágil y eficiente, servido por funcionarios muy cualificados que cumplen funciones de vigilancia, control e inspección.
“Ahora bien, ¿usted se imagina a una Administración comprando camiones de la basura?», se pregunta.
«Si un Ayuntamiento, como Las Palmas de Gran Canaria tiene que comprar 40 camiones de la basura los fabricantes de esos vehículos, que son muy especiales, le van a dar un precio. Imagínese una gran compañía europea que compra 4.000 camiones. ¿Usted cree que el precio va a ser igual? Es una idea autárquica, neomarxista, un tanto romántica que luego encubre otras cosas”.
El objetivo es captar caladeros de votos
Esas “otras cosas”, dice, es el interés de algunos ayuntamientos que, tras la crisis, se han visto despoblados de funciones y funcionarios. Su interés en incorporar a los trabajadores de las empresas concesionarias en sus plantillas tiene un objetivo muy concreto: captar un caladero de votos muy destacado.
“Pero me da la impresión de que tanto el Gobierno central como la Unión Europea no están muy decididos a permitir que se salten las reglas del juego, porque eso luego afecta al déficit público”, explica.
“Recuerden que una de las pocas modificaciones que se han hecho de la Constitución, concretamente el artículo 135, supuso que España no fuera intervenida de forma más drástica por la Unión Europea”, añade.
En su opinión, “tienen un problema laboral insoluble. Gracias a Dios hay una malla europea que no va a permitir ningún disparate. ¿Qué municipio no tenía una empresa municipal del suelo o de la vivienda en España? Municipios que tuviesen más de 20.000 habitantes. ¿Qué ha ocurrido con ellas? Se han liquidado a miles. Y han dejado grandes agujeros económicos. Pero, ¿por qué no contrataban y dejaban que las viviendas las desarrollaran y las produjesen otros y ellos se limitaran a vigilar y controlar?».
¿Cómo afecta al derecho de la competencia?
Sánchez Lambás también se pregunta cómo afecta al derecho de la competencia.
“¿Cómo van a poder competir ahí? Es lo que llamaba la contratación «in house» una famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la contratación consigo mismo. Detrás de todo eso está el principio de la competencia. El derecho de la competencia no protege sólo al usuario, también protege al mercado”.
El letrado aboga por no criminalizar la iniciativa privada. Y pone como ejemplo el sistema nacional de Salud, al que califica de “éxito”.
“Cuando se ha hecho una evaluación, por un organismo público, en una Comunidad como la valenciana, ha obtenido mejores opiniones de los perceptores del servicio, y mejores ratios de costos, de eficiencia de tiempo, de listas de espera los gestos gestionados por entidades privadas que los gestionados por las públicas”, cuenta.
Esto, en consecuencia, debe llevarnos a una reflexión.
“Eso no quiere decir que todo tiene que ser privado. Hay cosas no lo pueden ser y hay cosas que no lo deben de ser. Pero de ahí a una expansión, como este movimiento bolivariano…, y digo bolivariano porque estos movimientos empezaron en Bolivia, que se llamó la guerra del agua, y tienen ese matiz”, revela.
“Cuando uno les pregunta, ¿Por qué?, ¿Cuáles son los beneficios qué creéis que se pueden generar? Te dicen que van a generar más ahorros. Si es que no salen los números”.
“En la gestión del agua, un factor muy determinante es el costo de la energía eléctrica. El llevar el servicio del agua a todas las casas exige contratar mucha energía. Imagínese una compañía que contrata energía en España, incluso en Francia. Llega a los grandes proveedores de energía y les dice, denme precio para esto. Y luego llega un Ayuntamiento de 100.000 habitantes y les dice, dame la energía, pero sólo para mi municipio. ¿Como puede ser igual el precio? No es creíble”, indica el abogado.
La remunicipalización entraña, además, un gran desafío: el del autocontrol
“¿Se van a vigilar a sí mismos si prestan el servicio bien? ¿Van a tener ese sentido autocrítico? ¿Una Administración pública? No parece. Uno ve a los Ayuntamientos concebidos como sistemas de vigilancia, de fiscalización y de control. Y deben de hacerlo. En eso está preservar el cumplimiento de la ley. Que presten los servicios directamente me parece que está fuera de nuestro tiempo”, concluye.
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