"Las palabras son armas poderosas al servicio de las ideas y la expresión consagrada -remunicipalización- no es inocente ya que evoca una recuperación de lo público para el municipio, cuando en verdad sabemos que jamás la titularidad dejó de ser municipal", explica Manuel Pimentel.
Para la profesora Feijóo hay que dejar muy claro que cuando se produce la remunicipalización de una empresa privada, o internalización -otro modo de definirlo-, la consecuencia no es un trasvase automático de contratado laboral a empleado público.
"En un país con un estado de derecho y de estructura de mercado social, la única forma de nacionalizar sin revoluciones de octubre es a través de la remunicipalización de los servicios municipales que están en concesión", añade Ramiro Aurín.
Jesús Sánchez Lambás es socio director del despacho A25 Abogados y Economistas y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón. Jurista, con más de 35 años de experiencia, ha compatibilizado el ejercicio de la abogacía tanto en el sector público como en el privado, especialmente en el mundo empresarial.
Desde el punto de vista de Díaz Güell, Podemos tiene muy fácil el discurso. Un discurso que no duda en calificar de demagógico y antiguo. El de que los servicios públicos están en manos del gran capital y de las multinacionales.
La reversión al Ayuntamiento que asume la gestión directa de unos servicios públicos puede conllevar la existencia de una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Ramón Tamames explica aquí por qué la remunicipalización de servicios no es siempre la opción más eficaz, y cita algunos casos de éxito desde la izquierda.
Así se expresa el economista y exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, sobre el emergente debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos de muchos ayuntamientos.
Varios expertos jurídicos, entre los que destacan el exministro de Justicia del último gobierno socialista, Francisco Caamaño, o el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, defendieron que es ilegal remunicipalizar servicios públicos por "motivos ideológicos" y sin justificar.