Varios expertos jurídicos, entre los que destacan el exministro de Justicia del último gobierno socialista, Francisco Caamaño, o el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, defendieron que es ilegal remunicipalizar servicios públicos por «motivos ideológicos» y sin justificar en el marco de la presentación del libro «Servicios públicos e ideología», del que son autores los juristas José María Gimeno Feliu y Gonzalo Quintero Olivares, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de España.
El interés general en juego’, donde los autores defienden que para modificar los contratos de las concesiones de servicios públicos «no es suficiente apelar al interés general, sino que deben existir causas justificadas, según la normativa europea, y que tampoco ampara remunicipalizaciones por motivos ideológicos«.
La obra ofrece «claves para entender las reglas de colaboración público-privada en el ámbito español, teniendo en cuenta la regulación y jurisprudencia europea, que conlleva importantes consecuencias e implicaciones jurídicas», según los autores.
El interés general a la hora de remunicipalizar servicios públicos
Con prólogo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, esta obra cuestiona a su vez las remunicipalizaciones de los servicios públicos que algunos ayuntamientos están llevando a cabo «en aras del interés general», lo que bajo su punto de vista y de acuerdo con la interpretación que hacen de la norma jurídica, «debe obedecer a una causa justificada».
En ese sentido, Gimeno Feliu señaló que las administraciones no pueden recuperar unilateralmente una concesión.
«La decisión de volver a una gestión directa de una actividad gestionada mediante concesión deberá justificarse en la mayor calidad y eficiencia de la prestación que se reinternaliza», defendió al mismo tiempo que pidió a los ayuntamientos que hagan unos pliegos de condiciones de contratos públicos más completos y mejores para evitar la corrupción y la falta de transparencia en este aspecto.
Para Gonzalo Quintero, que es catedrático de Derecho Penal. esto también puede suponer que la administración que realice este tipo de actuaciones incurra en un delito y en la posible solicitud de reparación de daños y perjuicios por parte de las empresas privadas, así como «los beneficios futuros que deje de percibir».
Beneficios de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos
Por su parte, el exministro de Justicia Francisco Caamaño resaltó los beneficios de la colaboración público-privada, como una mayor eficiencia económica, la implicación más directa del sector privado, un incremento y mejora de la cantidad y calidad de los equipamientos y servicios públicos, y una mayor capacidad de innovación.
«Sin este tipo de colaboración, ciertos proyectos de servicios públicos serían inviables debido a la limitación de déficit», puntualizó también Caamaño, para terminar su intervención defendiendo que es muy diferente la privatización que la colaboración público-privada, «son dos extremos distintos».
En esta misma línea el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala añadió que «no interesa tanto que la gestión del servicio público sea directa o indirecta, sino que prevalezca un nivel óptimo de gestión».
Sala, al igual que el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, defendió la necesidad de que las empresas adjudicatarias gocen de seguridad jurídica en este tipo de contratos, de forma que «puedan confiar plenamente en el cumplimiento de las condiciones pactadas con la administración pública».
Asimismo, el representante de la Cámara de Comercio puso en valor el rol de los operadores privados en la gestión de los servicios públicos, «aportación sin la cual éstos no habrían llegado al nivel actual». EP.
