Rafael Rivera, responsable de datos de la investigación de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, directora de la investigación y secretaria general, y Safira Cantos, directora general.
El amiguismo lastra el mérito en el nombramiento de los máximos cargos de las entidades públicas, según HayDerecho
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06/6/2023 12:25
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Actualizado: 06/6/2023 12:42
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El color político y el intercambio de favores pesa más en la selección de los puestos de máxima responsabilidad en las organismos públicos que los méritos profesionales y la capacidad de gestión, como han demostrado los datos del informe de la Fundación Hay Derecho, denominado «El Dedómetro«, que estudia las trayectorias de los más altos cargos en estas entidades dentro de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
La investigación de datos, que valora con puntuaciones del 1 al 10 la formación académica, la experiencia profesional general y específica en el sector que dirige, la experiencia de gestión, el tiempo de permanencia en el puesto y la vinculación política, destaca que el 60% de los máximos responsables de 43 entidades públicas de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana analizadas «suspende» en mérito y capacidad de dirección.
Desde Hay Derecho destacan que estos directivos gestionan presupuestos medios de 184 millones de euros de dinero público y cuentan con salarios de hasta 220.000 euros anuales, una consideración que no lleva a que se establezcan procedimientos abiertos y transparentes para su nombramiento, donde reina más bien lo que Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, llamó la «discrecionalidad y opacidad en las empresas e instituciones públicas».
«Probablemente la mayoría no pasaría el corte para un puesto similar en el sector privado», critica Elisa de la Nuez, directora de la investigación y secretaria general de Hay Derecho, añadiendo que se trata de «un problema estructural, sistémico, que no es de un solo partido ni comunidad autonómica».
También llama la atención la alta rotación de los cargos, que aparentan depender de los ciclos políticos y electorales en todos los niveles, con un reajuste total con los cambios de gobierno, incluso en las entidades públicas con normativas en cuanto al proceso de selección requisitos de experiencia profesional, que muestran directivos con trayectorias profesionales más largas y especializadas, si bien no necesariamente más experiencia de gestión.
Los datos analizados, de entre 2012 y 2022, indican una leve mejora en el perfil de los máximos responsables de los entes públicos cuando los gobiernos carecen de mayoría absoluta, una tendencia que se revierte cuando lo recuperan.
Suspenso en transparencia
El 86 % de las entidades analizadas incumple al menos uno de los requisitos de transparencia, al no ofrecer información contable, o del nombre y trayectoria profesional de su máximo responsable, entre otros datos cuya publicación constituye una obligación legal. Inclusive, 3 de ellas no cuentan con web propia donde alojar la información que la ley les exige publicar. Solo cumplen seis entidades en Valencia y ninguna en Madrid.
Javier Zamora, responsable de investigación de Hay Derecho, afirma que «detrás de un currículum no publicado o publicado de manera incompleta no solo hay un incumplimiento legal, también puede haber una intención de ocultar la trayectoria de alguien no demasiado cualificado o una carrera puramente política».
Rafael Rivera, responsable de datos de la investigación de Hay Derecho, pone en relieve la dificultad de la investigación debido a la falta de información disponible y la necesidad de aplicar protocolos que aseguren «la publicación activa y accesible de toda la información, establecer un modelo de CV normalizado para los directivos del sector público y responsabilizar al máximo directivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia».
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