Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, exvicepresidenta del mismo tribunal, y Enrique Gimbernat, catedrático de derecho penal, abordaron la "non nata" Ley de Amnistía que tanta polémica está provocando. Foto: Confilegal.
Sala, Roca y Gimbernat, tres maestros de lo jurídico en el coso del ICAM con ley de amnistía sobre el albero
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24/10/2023 13:55
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Actualizado: 24/10/2023 18:53
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Es inevitable el simil taurino, aunque el evento no se produjo a las 5 de la tarde sino a las 9.30 de la mañana. Porque el coso, el patio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presentó lleno hasta la bandera. No era para menos.
Sobre el albero de la abogacía madrileña, la idea de una posible ley de amnistía, que todavía no existe pero que la idea generalizada es que va a ser que sí o sí. Porque lo necesita el PSOE para que Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, le preste sus 7 votos en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez pueda renovar como presidente del Gobierno.
Los tres maestros, Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho penal, Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, y Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y expresidente del Tribunal de Cuentas, tenían mucho que decir sobre ello.
De ahí la expectación general.
Comenzó Enrique Gimbernat, siempre claro, sin matices, recordando el artículo 62.1 de la Constitución Española (CE), que prohíbe los indultos generales. “Y si no se puede lo menos no se puede lo más”, argumentó.
Gimbernat hizo especial hincapié en los efectos de una amnistía, diferentes a los de un indulto. “La amnistía borra el delito, aunque no haya sentencia firme. Se anulan los antecedentes penales y desaparece la inhabilitación”. “Por lo tanto, es inconstitucional”.
MALVERSACIÓN
El catedrático emérito de derecho penal recordó que lo que se pretende amnistiar, y eso había que tenerlo muy en cuenta, es el delito de malversación.
“La malversación es robar de los fondos públicos. En el caso catalán se apoderaron de fondos públicos para montar un referéndum que perseguía separarse de España. Nosotros fuimos los ‘paganos’. La pena para estos casos de 8 a 12 años de prisión y de 10 a 20 años de inhabilitación. Es más grave que un robo, una apropiación indebida o un hurto”, explicó.
Encarnación Roca, que no quiso pronunciarse sobre un texto, el de la ley de Amnistía, que todavía no existe, reflexionó sobre este aspecto concreto.
De sus palabras se pudo deducir que España está en el alambre.
“La amnistía puede ser una consecuencia lógica de la derogación del delito de sedición. Porque el delito ha desaparecido”, explicó.
“Pero queda la malversación. Podría comportar una serie de consecuencias muy comprometidas para España con relación a Europa. Porque la Unión Europea se traga la derogación del delito de sedición, pero cuando esta legislación roza el larguero de la UE, la UE entiende que hay que seguir unas reglas. Ahí la criatura llora por la malversación”, subrayó.
EL ESTADO DE DERECHO EN PELIGRO
La exvicepresidenta del Tribunal Constitucional recordó, de una forma especial, a todos los presentes, que lo que está en juego en estos momentos es la supervivencia del propio Estado de Derecho y la división de poderes.
“El poder judicial es el oscuro objeto de deseo del Ejecutivo. Porque controla los actos del Ejecutivo y también del Legislativo. No solo en España sino en todos los países democráticos. Y el Ejecutivo tiene cada vez más tentaciones de saltarse las limitaciones constitucionales. Esto debería preocuparnos a todos y parece que no es así”, señaló.
Y se preguntó: “El problema es si es conveniente, o no, políticamente, la ley de amnistía. ¿Qué ocurriría si el Ejecutivo enviara al Legislativo un proyecto de ley sobre la amnistía y otras cosas? Iría en contra del principio de igualdad. ¿Por qué no amnistiar a los señores de la Gürtel o a Urdangarín?”.
EL MOTIVO DE LA LEY AMNISTÍA NO PUEDE SER ARBITRARIO
Pascual Sala, por su parte, afirmó que “Si el motivo de la amnistía es conseguir los votos para gobernar sería arbitrario y constitucional. Pero si el objetivo es facilitar la convivencia ciudadana es otra cosa, puede ser aprobada. Tiene que tener una finalidad constitucional”.
“El éxito de la ley dependerá de su motivación”, apostilló.
El expresidente del Tribunal Constitucional ratificó un hecho que previamente había definido con claridad Encarnación Roca y era que el actual estado autonómico fue producto de “una manipulación constitucional”.
“La Constitución Española no establece el diseño general de lo que es el Estado Autonómico, es cierto. ¿Qué ha pasado? Que se ha creado a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional. Así se ha desarrollado el capítulo VIII de la Constitución, que no estaba previsto”, dijo.
Y planteó que podría introducirse en la Constitución Española un diseño completo del estado autonómico, del que adolece, lo que daría lugar a un estado federal.
Sala destacó un hecho histórico sobre Alemania, estructurado como estado federal, al que muchos juristas han hecho últimamente referencia. “En Alemania no todos los estados federales son iguales. Porque históricamente no eran iguales. Baviera tiene otras competencias distintas del resto. Baviera era un estado independiente cuando se incorporó a Alemania”.
“En España estamos desde 1714 con problemas de incardinación de Cataluña. Aunque podríamos remontarnos a Wilfredo el Belloso. Esto podría defenderse sin romper la unidad de la nación española, establecida en el artículo 2 de la Constitución”.
Gimbernat, también en referencia a Alemania, país que conoce muy bien porque fue donde se formó, destacó también otro hecho que hay que tener en cuenta: “La Constitución alemana prohíbe los partidos políticos que ponen en peligro la unidad de la nación. Si se aplicara esa Constitución en España Junts, ERC y Bildu serían inconstitucionales. Estarían prohibidos”.
LA POSTURA DEL ICAM
El acto fue moderado por la periodista Patricia Rosety y fue abierto por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, que apeló a los partidos políticos a actuar con responsabilidad y sentido de Estado en la defensa de los valores constitucionales y democráticos.
«En un momento donde las democracias a menudo enfrentan desafíos y amenazas es esencial que trabajemos activamente para propiciar que nuestros partidos políticos actúen como pilares de nuestras democracias», dijo.
Para luego recordar que la defensa del Estado de derecho y la promoción de los principios democráticos es una «misión compartida del conjunto de los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto”.
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