La Fundación Hay Derecho presentó públicamente cinco propuestas concretas para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en España en el marco de su décimo aniversario en un acto que llevó por título «Encuentro España +10».
Dichas propuestas pretenden servir de hoja de ruta para los próximos diez años, con el objetivo de consolidar unas instituciones más eficaces, transparentes y comprometidas con el interés general.
Estas son las cinco propuestas:
1.- PROMOVER UNA DEMOCRACIA GENUINA: UN PARLAMENTO DE VERDAD
Democratizar los partidos políticos, garantizar su transparencia y limitar su influencia sobre las instituciones. El Parlamento debe recuperar su papel como centro del debate público, con una función legislativa orientada al interés general y a la protección de los derechos de la ciudadanía.
2.- DEFENDER UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE, PROFESIONAL Y EFICIENTE
Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegurar la neutralidad institucional del poder judicial y garantizar una Fiscalía General del Estado regida por criterios de profesionalidad e imparcialidad. Además, se reclama una dotación suficiente de medios para el correcto funcionamiento de la justicia.
3.- GARANTIZAR LOS LÍMITES DEL PODER: ÓRGANOS DE CONTRAPESO Y TRANSPARENCIA
Es esencial reforzar la independencia y profesionalidad de instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Estos órganos deben actuar al servicio del interés general y ejercer una función efectiva de control.
4.- POTENCIAR UN SECTOR PÚBLICO PROFESIONAL, APARTIDISTA Y CERCANO AL CIUDADANO
La Fundación aboga por altos cargos seleccionados por mérito y capacidad, no por afinidades partidistas. También exige procesos administrativos más simples, accesibles y orientados a facilitar la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas.
5.- LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
La prevención debe ser la prioridad. Para ello, es imprescindible dotar de recursos suficientes a los organismos encargados de investigar y perseguir la corrupción, proteger a los denunciantes, eliminar privilegios como el aforamiento o los indultos en casos de corrupción, y aplicar la ley de forma igualitaria.
Estas propuestas, más que una simple guía, constituyen “una llamada a la acción”, en palabras de Safira Cantos, directora general de la Fundación.
Su objetivo es “garantizar que las decisiones públicas respondan a criterios objetivos y se tomen en condiciones de transparencia y control”.
UN ANIVERSARIO CON MIRADA DE FUTURO
El acto, que se celebró en el salón de actos de la firma DLA Piper, el pasado jueves reunió a figuras relevantes del ámbito jurídico, político, empresarial, académico y mediático.
Entre los participantes estuvieron el economista y exministro Jordi Sevilla; la politóloga Estefanía Molina; la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca; la ingeniera y directiva Silvia Roldán; y el periodista y ensayista Ramón González Ferriz.
Desde la propia Fundación Hay Derecho intervinieron Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general; Safira Cantos, directora general; Segismundo Álvarez, notario y presidente; Ignacio Gomá, notario y expresidente; Rodrigo Tena, notario y coeditor; Natalia Velilla, magistrada y coeditora; y Rafa Rivera, ingeniero y colaborador de investigación.
El acto fue clausurado por el filósofo Javier Gomá, y contó con una amplia representación institucional, del mundo cultural, social, empresarial y político, reforzando la transversalidad de un proyecto que busca mejorar el sistema desde la base: el funcionamiento de las instituciones.
La Fundación, que lleva una década dedicada a la vigilancia y mejora del sistema democrático, reafirma con esta iniciativa su voluntad de redoblar su compromiso con el Estado de derecho.
Como concluyó Elisa de la Nuez: “Necesitamos un mejor sistema de toma de decisiones, una mayor rendición de cuentas, unas administraciones públicas eficientes y profesionales, políticas públicas basadas en la evidencia y, sobre todo, garantizar que la ley se aplica a todos los ciudadanos por igual”.
