«La actual ola de remunicipalización es, en realidad, un proceso de neonacionalizaciones. No lo han dicho muy alto porque como el desastre de las cajas de ahorros es tan reciente… Recordemos que el 80 por ciento de los desahucios no han sido producidos por bancos capitalistas y canallas sino por cajas de ahorros, que es lo más parecido a una banca pública», afirma Ramiro Aurín, coautor del libro «Remunicipalización, ¿ciudades con futuro?», ingeniero de Caminos y fundador del Taller de Ingeniería Ambiental.
«En un país con un estado de derecho y de estructura de mercado social, la única forma de nacionalizar sin revoluciones de octubre es a través de la remunicipalización de los servicios municipales que están en concesión», añade.
«La remunicipalización no mira al futuro, mira al pasado. Hay un regodeo melancólico en ese pasado. Una arcadia que nunca existió. Y en vez de pensar en innovar, en conseguir que su gestión municipal sea supervisora, capaz de controlar lo que el Ayuntamiento puede ofrecer al ciudadano, y que produzca la excelencia, se concentran en un sectarismo, según el cual todo lo que hace el sector público es bueno y lo que hace el sector privado es malo», señala.
Según Aurín, la gente cree que cualquiera puede hacer cualquier cosa.
«Y no es verdad. Usted no puede montar un restaurante de alto nivel si no tiene unos conocimientos gastronómicos elevados. ‘Es que yo no voy a ser el cocinero’. Bien, pero tiene usted que tener la capacidad de contratar a un cocinero Michelín y a un jefe de sala excelente. Y tiene usted que saber de eso. Si no, no puede ni contratar. Otra cosa es que usted sea un fondo de inversión y contrate a un profesional que haga todo eso y lo organice», dice Aurín.
Hay servicios que no hay que privatizar, como el Canal de Isabel II
«La cultura empresarial de un servicio concreto se ha generado a lo largo de años. Hay ciudades que lo han desarrollado. En esas ciudades yo no soy partidario de la privatización porque significa destruir una cultura construida a lo largo de muchos años».
Y pone como ejemplo paradigmático el Canal de Isabel II, que gestiona el agua de Madrid. Dicha empresa pública fue constituida por el Ministerio de Fomento, impulsada por la Reina Isabel II que estaba harta de no tener un servicio de aguas como Dios manda.
«Entre eso y que el agua Madrid es un chollo porque está muy cerca, es muy buena, porque, además, tiene un sustrato geológico que adolece de cal, el servicio es excelente. Tiene una tradición de más de 150 años. Hubo una discusión sobre si había que privatizar. Pero decayó. Porque lo normal es que esa cultura que, es pública, se mantenga. Pero es porque funciona muy bien. Sin embargo, el Canal de Isabel II no le hace ascos a externalizar todo lo que le parece que precisa tecnología, conocimientos específicos o capacidades de inversiones concretas, con lo cual consigue, en cada momento, dar un nivel de excelencia muy alto. No tiene prejuicios», indica este ingeniero de Caminos.
Los ayuntamientos populistas, que están deseando remunicipalizar, no consideran público al Canal de Isabel II.
¿Porqué? Porque depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, que no es de su agrado. «Me permitirá decir que eso es un poco sectario. Porque el Canal de Isabel II trasciende los años de cualquier partido en España».
De acuerdo con Aurín, hay servicios públicos que son más fáciles de medir y de calificar.
«Yo puedo concretar si el concesionario lo está haciendo bien o no. Y se lo puedo reprochar, multar y recriminar de forma legal. Y en el límite lo puedo expulsar, siempre que haya hecho un contrato razonablemente bien hecho, lo cual sólo precisa de un servicio jurídico al uso», agrega.
Las tarifas las ponen los ayuntamientos, no las empresas concesionarias
«Yo puedo limitar el beneficio que puede tener un concesionario. ¿Por qué? Porque una vez que gana el concurso de concesión está trabajando en un monopolio natural. No tiene competencia. Por lo tanto, tengo derecho a acotar el margen que va a tener y lo puedo condicionar al nivel de excelencia que tenga el servicio».
«¿Y las tarifas? Las tarifas de un servicio público municipal, lo presten funcionarios o empleados públicos o empleados de una empresa privada, las establecen el Pleno Municipal. Siempre. El precio, si es alto o bajo, depende de lo aprobado por ese pleno municipal. Cualquier otra cosa es una falacia», cuenta Aurín.
¿Y la corrupción? «Aquí los que son corruptos son los seres humanos. Y desde luego no depende del carnet, ni del partido ni del equipo de fútbol, ni de la nacionalidad que tengan, ni del lugar de nacimiento ni nada por el estilo. El imperio de la ley es lo que evita la corrupción. ¿Cómo? Cuanto más dura y capaz es de detectarla hace que haya menos individuos capaces de enfrentarla. Eso es lo que significa».
«La ley sirve para limitar el delito. Y la corrupción no es más que otro delito. Y se produce con mucha más frecuencia en el sector público que en el privado. Porque el sector privado está muy regulado y está sometido a auditorías, en general pertenece a muchas personas que son los accionistas que exigen que no se les estafe y persiguen a los que lo hacen», concluye.
